La comisión Kitchen dictamina que Rajoy y Cospedal conocieron el espionaje a Bárcenas
Un año y 37 comparecencias después, la comisión de investigación sobre la llamada Operación Kitchen, el presunto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas para arrebatarle información comprometedora para el partido, ha llegado este miércoles a su fin con la aprobación de un dictamen que concluye que el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz montó el dispositivo en el verano de 2013, con el conocimiento del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El texto asume que la trama parapolicial, financiada con recursos públicos, tenía el objetivo de robar a Bárcenas documentación comprometedora para los populares sobre la caja b del partido, y que Rajoy mintió en su comparecencia del pasado 13 de diciembre.
El texto final aprobado este miércoles reproduce, con dos pequeñas enmiendas, la propuesta del PSOE, y ha contado solo con el apoyo de los socialistas, Unidas Podemos y EH Bildu (159 votos), frente a 149 en contra (PP, Vox y Ciudadanos) y 29 abstenciones (ERC, PNV y Grupo Mixto), según detallan fuentes de la propia comisión. El texto debe ser elevado al pleno del Congreso para su aprobación, algo que no será posible ya hasta después de las vacaciones parlamentarias de Navidad.
El documento aprobado concluye que “la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”. El dictamen también incide en que la operación se dirigió desde tres lugares. El primero, la sede del PP, “con conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy. El segundo, el Ministerio del Interior, con Fernández Díaz, que “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo”. Y un tercero con “epicentro” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino. Todo ello con la única finalidad de obstruir las investigaciones del caso Gürtel que afectaban a los populares, para lo que no se dudó en utilizar “ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales”.
“La finalidad de la Operación Kitchen -concluye el texto- era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de justicia e, incluso, de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial. Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales”, añade. También destaca que la Operación Kitchen “pone de manifiesto de forma indiscutible” la veracidad de lo que otra comisión parlamentaria, la que investigó en 2017 la existencia de una llamada policía patriótica en Interior durante el mandado de Fernández Díaz, “es veraz”.
El PSOE solo ha admitido, además de algunas correcciones menores, la inclusión en su texto de dos enmiendas planteadas por Unidas Podemos, según coinciden en señalar varias fuentes de la comisión. La primera es un pequeño tirón de orejas al Gobierno, aunque sin referencia expresa a este, al considerar que parte de la información que se solicitó o no llegó “o lo ha hecho a destiempo”. En su propuesta, Unidas Podemos y los cuatro partidos independentistas criticaban al Ejecutivo al considerar que había atendido “de forma impuntual e incompleta” parte de los requerimientos de información que hicieron los diputados, lo que consideraban que afectó negativamente a su trabajo durante las comparecencias del exministro Fernández Díaz y del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó. La Audiencia Nacional rechazó facilitar ninguna documentación del sumario al estar el mismo aún en fase de instrucción.
El segundo punto que ha admitido incluir el PSOE es una referencia a la necesidad de revisar “los procesos y procedimientos sobre el uso de los fondos reservados” y la norma sobre condecoraciones policiales para que “abunde en una mayor transparencia y objetividad en la concesión de las mismas”. Siete de los agentes implicados fueron condecorados entre 2012 y 2016 por el entonces ministro Fernández Díaz con medallas que llevaban aparejadas una recompensa económica vitalicia y que fueron justificadas en sus “meritorias trayectorias profesionales”. Gracias a ellas, se reparten 16.000 euros al año.
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Sin embargo, los socialistas han rechazado incluir una referencia a la necesidad de revisar la ley de secretos oficiales, un texto legal heredado del franquismo y para cuya reforma el Gobierno ya creó en abril una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. No ha sido la única línea roja. El grupo socialista también ha rechazado la pretensión de su socio de Gobierno de incluir referencias a que, entre la información que la trama supuestamente pretendía arrebatar, podían encontrarse datos sobre supuestas cuentas en Suiza del rey emérito, Juan Carlos I, o alusiones al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su enfrentamiento con el comisario José Manuel Villarejo. También ha rechazado hacer una mención expresa al “valor” para la comisión de los testimonios prestados por el inspector jefe Manuel Morocho y el comisario Enrique García Castaño, este último imputado en la causa y que colabora con la justicia.
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