La defensa de Juana Ruiz confía en que será excarcelada “en semanas” tras ser condenada a 13 meses de cárcel
La defensa de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, detenida hace siete meses por tropas israelíes, confía en que la trabajadora humanitaria pueda ser excarcelada en breve plazo. El tribunal militar de Ofer (Cisjordania) la ha sentenciado este miércoles a 13 meses de cárcel y a una multa de 50.000 shéqueles (unos 14.000 euros) por los delitos de “pertenencia a asociación ilegal” y “tráfico de divisas en Cisjordania” en la ONG sanitaria palestina en la que trabajaba, según ha anunciado la jueza militar. Ruiz aceptó declararse culpable de estos cargos, en el marco de un acuerdo con la Fiscalía castrense que eliminó otras acusaciones, para ver rebajada su pena y acortar un proceso que la forzaba a permanecer entre rejas.
El abogado de la cooperante española, Avigdor Feldman, aseguró el martes que una vez dictada la sentencia Ruiz podrá solicitar a la comisión penitenciaria que otorga el pase a la situación de libertad condicional que le conceda la reducción de un tercio de su condena. “A la vista del tiempo que ha permanecido detenida, podría ser liberada en unas dos semanas”, anticipó el letrado.
La defensa había pedido a la jurisdicción castrense que aclarase que su clienta no reconoció en ningún caso haber colaborado con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), calificado como terrorista. Dos ministros de Israel, el titular de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, y el de Defensa, Benny Gantz, se ampararon en el acuerdo judicial que suscribió para incriminar a varias ONG palestinas que han sido recientemente ilegalizadas. En un comunicado conjunto, ambos ministros afirmaron que Ruiz “admitió haber recaudado fondos para el FPLP” y “confesó que (ese partido) utilizaba como tapadera a las ONG”.
El tribunal militar de Ofer, en Cisjorania bajo ocupación israelí, accedió el martes a la solicitud de Feldmam y puntualizó, según ha informado el letrado, que “según el veredicto (de culpabilidad) que fue aceptado por la procesada (…) los hechos mencionados en el capítulo de antecedentes del acuerdo no le son atribuibles”.
La defensa cuestionó en la vista del pasado día 10 que la incorporación en el último momento del capítulo de antecedentes, en el que se basaron exclusivamente los ministros para sostener sus imputaciones, tuvo como objetivo “sostener una falsa declaración oficial contra la acusada” También advirtió de que la manipulación del proceso legal arrojaba sombras que “pueden socavar la independencia del tribunal militar respecto a las autoridades militares”.
Juana Ruiz, de 63 años, fue detenida el 13 de abril en su casa próxima a Belén (Cisjordania) bajo la acusación de colaborar con una organización ilegal, como empleada desde hace casi tres décadas de la ONG sanitaria Comités de Trabajo para la Salud, declarada ilegal. Por razón de su residencia ha estado sujeta a la jurisdicción castrense que rige bajo la ocupación israelí para los palestinos.
“Yo siempre pensé que trabajaba para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué en algo. Espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer daño”, cerró su declaración Juana Ruiz ante en el tribunal militar de Ofer, próximo a Ramala, la semana pasada. Tenía las manos esposadas y llevaba grilletes en los pies.
En más de siete meses de detención (en la actualidad en una prisión reservada a mujeres activistas palestinas en el norte de Israel), la cooperante española solo ha podido recibir tres visitas familiares en la cárcel, mantener media docena de encuentros con representantes consulares españoles y hacer una llamada telefónica.
Los procesos penales bajo la jurisdicción castrense israelí pueden prolongarse durante años. Es el caso del ingeniero palestino Mohamed Halabi, acusado de desviar fondos de una ONG internacional en Gaza en favor de Hamás, quien lleva cinco años entre rejas a la espera de juicio.
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