La exconsejera andaluza Carmen Martínez Aguayo, condenada en el ‘caso de los ERE’, entra en prisión
La exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión por malversación en la pieza política del caso de los ERE, ingresó en la cárcel de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, este miércoles 28 de diciembre, según ha adelantado el diario Abc y ha confirmado su abogado a este periódico. La Audiencia de Sevilla trasladó, en un auto fechado el 22 de diciembre, a los ocho ex altos cargos de la administración condenados que tenían 10 días para entrar en el centro penitenciario que desearan.
Martínez Aguayo, de 69 años, es la única de los antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de prisión por malversación de la que ha trascendido su entrada en prisión. El plazo de 10 días naturales establecido por la Audiencia de Sevilla expiraba a las 23.59 horas del 31 de diciembre, aunque varios abogados interpretan que el tiempo terminaría el 2 de enero, al considerar que los 10 días empiezan a correr a partir de día siguiente al que les fue notificado el auto, el 23 de diciembre, y considerar el 1 de enero inhábil. Esas son las cuentas que el representante de la propia Martínez Aguayo había trasladado a este periódico al ser consultado, pero su defendida no ha querido agotar ese tiempo.
La exconsejera, que sucedió a Griñán en 2009 en ese cargo, tras ser su número dos en el departamento, siempre negó haber leído los informes de control financiero permanente sobre los ERE que alertaban del “uso inadecuado” del pago de ayudas sociolaborales, como sostenía la Fiscalía Anticorrupción. “No pasaban por mi mesa”, declaró en su testimonio ante la Audiencia durante la vista oral por las ayudas fraudulentas. Ella delegabba esa lectura de los informes en su equipo técnico porque recibía más de 100 informes de este tipo al año. “La viceconsejería y la consejería actuamos cuando se nos requiere ante la existencia de discrepancias”, alegó entonces. Durante las sesiones solo admitió que despachó con Griñán las medidas de mejoras propuestas por la Intervención General, como la realización de informes trimestrales en el marco del Control Financiero Permanente. Marínez Aguayo, médica de profesión, se había prejubilado tras regresar a su puesto en un centro de salud de Triana al abandonar la política.
Martínez Aguayo fue condenada por malversación y prevaricación a seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, la misma pena que Griñán. El expresidente de la Junta está a la espera de que la Audiencia de Sevilla reciba el informe del médico forense que certifique que el tratamiento para el cáncer de próstata que padece es incompatible con su estancia en la cárcel. Su defensa envió un escrito a los magistrados el mismo día en que se dictó el auto que concedía 10 días para el ingreso en prisión, solicitando la suspensión de su entrada en un centro penitenciario alegando que padecía una enfermedad grave. Griñán está siguiendo un tratamiento de radioterapia con apoyo hormonal y este mismo jueves, tal y como ha explicado su abogado a este diario, tenía previsto remitir el informe de su última cita médica de este 27 de diciembre, a la Audiencia de Sevilla, tal y como le solicitó la sala, para incluirlo en la documentación que debe analizar el médico forense.
La Audiencia de Sevilla desestimó los recursos de súplica de los acusados contra el auto que dictó el pasado 15 de noviembre, en el que ya rechazaba suspender la ejecución de la sentencia como habían reclamado las defensas.
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Casi 12 años después de que se iniciara la macrocausa de los ERE, la pieza política parece abocada a su conclusión casi definitiva —a la espera de que se resuelvan los indultos presentados por todos los condenados― antes de que empiece 2023. Además del expresidente de la Junta José Antonio Griñan, su exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano, y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, tendrán que ingresar en el centro penitenciario que escojan en los próximos días. El ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, deberá esperar a que se tramite la suspensión de la ejecución de su pena de siete años de cárcel.
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