La Fiscalía concluye su informe y acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado
La Fiscalía de Samui (sur de Tailandia) entregó este miércoles al tribunal un informe en el que acusa al español Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo del colombiano Edwin Arrieta, los mismos cargos considerados por la Policía en su investigación del caso. El informe ha sido entregado hoy al tribunal de Samui, según confirman fuentes de la Fiscalía, que tenía de plazo hasta el 29 de octubre para concluirlo. El delito de asesinato premeditado puede conllevar la pena de muerte, aunque este castigo solo se aplica cuando las víctimas son miembros de las fuerzas de seguridad o altos cargos del gobierno. En la mayoría de los casos no se ejecuta y se conmuta por cadena perpetua.
Sancho ―hijo y nieto de los actores españoles Rodolfo Sancho y Sancho Gracia, respectivamente― está en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, desde el día 7 del pasado agosto, tras confesar el asesinato de Arrieta. Los resultados de la autopsia indicaron que el cirujano colombiano Edwin Arrieta murió tras ser degollado por Sancho, según aseguró el número dos de la policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen.
El mando de la policía tailandesa explicó que el “móvil del asesinato fue la aventura amorosa” que, afirma, mantenían Sancho, de 29 años, y Arrieta, de 44 años, quienes se conocieron hace un año a través de Instagram. “Daniel quería empezar una nueva vida con su novia, pero el doctor Edwin (cirujano plástico de profesión) le amenazó con que, si rompían, compartiría fotos íntimas”, aseguró Hakparn, conocido en el país como Big Joke. El joven, chef de profesión, reconoció a Efe haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta porque aseguraba que este lo tenía “en una jaula de cristal” y lo acosaba para que fuera su pareja.
Sancho y Arrieta habían quedado el día 2 en Koh Phangan, una isla muy turística conocida por albergar la fiesta de la luna llena, en la que las playas se llenan de personas en una celebración que se prolonga hasta el amanecer. La policía no contempla que ninguna otra persona haya participado en el crimen, dado que no han encontrado ni restos de ADN ni imágenes en las cámaras de los alrededores.
La legislación tailandesa, especialmente severa, castiga los asesinatos y homicidios con tres tipos de penas, en función de las circunstancias. La más grave es la condena a muerte, aunque también contempla la cadena perpetua o hasta 20 años de reclusión. Aunque no es extraño que la justicia tailandesa imponga la máxima pena, en la mayoría de los casos no se ejecuta y se conmuta por cadena perpetua. Fuentes conocedoras del sistema judicial del país asiático aseguran que la pena capital solo se aplica en casos en los que las víctimas son miembros de las fuerzas de seguridad o altos cargos de gobierno, y no se conocen casos recientes en los que el ajusticiado haya sido un ciudadano extranjero. Hay precedentes, como el caso de Artur Segarra, condenado a pena de muerte por matar en 2016 al empresario David Bernat en Bangkok, y cuya condena fue conmutada en 2020 por la cadena perpetua.
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En septiembre, la defensa de Daniel Sancho pidió en un juzgado de Madrid que la extradición del cocinero desde Tailandia para que pueda ser juzgado en España por otro caso, en el que está acusado de un delito de lesiones, pero la Fiscalía se opuso. El ministerio público español destacó que no concurrían ninguna de las circunstancias contempladas en la ley para solicitar la extradición, ya que no se ha fugado a un país extranjero y el juicio por el delito de lesiones aún no tiene fecha fijada.
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