La Fiscalía desestima la petición del Gobierno de suspender el Toro de la Vega

Festejo del Toro de la Vega en una imagen de archivo de 2018.
Festejo del Toro de la Vega en una imagen de archivo de 2018.R.GARCÍA (EFE)

El área de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha desestimado la petición del Ministerio de Derechos Sociales de paralizar el festejo del Toro de la Vega que se celebra en Tordesillas (Valladolid). El departamento que dirige la Ione Belarra denunció “maltrato animal” en este torneo porque, pese a la supresión de la muerte pública del toro, se mantiene el uso de unas divisas con unos arpones. El fiscal entiende que “no existen indicios de la comisión de delito alguno” y así se mantiene la previsión de celebrar el evento el próximo martes en la localidad vallisoletana, donde se prevé la presencia de activistas contrarios a la celebración taurina.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, pidieron este jueves la suspensión cautelar de esta controvertida tradición, que en los dos últimos años no se ha celebrado por el coronavirus. Según su posición, las nuevas bases contravienen la normativa autonómica de Castilla y León, acordada en 2016 y ante la que Tordesillas recurrió hasta que el Tribunal Supremo sentenció en 2019 la imposibilidad de dar muerte al animal de esta manera. La sala de Medio Ambiente archiva la solicitud porque estima que “correspondería dilucidar a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al Ministerio Fiscal” determinar si tiene lugar el Toro de la Vega, cuyos organizadores han tenido que cambiar las normas por orden de los tribunales.

El animal, de nombre Manjar y 560 kilos de peso, será liberado para que recorra los pinares y el entorno del río Duero y que 50 caballistas, que anteriormente no tenían número limitado, le claven una especie de garfio o arpón con unas divisas, siete como máximo. Este era el motivo que esgrimía la denuncia, pues considera que se daña al morlaco y que contraviene el siguiente precepto de la normativa de Castilla y León: “En todos los espectáculos taurinos populares queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses”.

El fiscal matiza que esa orden incluye variaciones como esta: “Lo establecido se entiende sin perjuicio de la posible realización de aquellas acciones físicas que haya que efectuar sobre las reses de lidia tendentes a garantizar la seguridad e integridad de los participantes, el desarrollo del espectáculo, o aquellas que, excepcionalmente, sean inherentes a la celebración de un espectáculo taurino tradicional”. Anteriormente, el toro moría alanceado y con la modificación de los estatutos, después del torneo, es trasladado a un matadero.

La argumentación que desarrolla el ministerio público apunta a la competencia autonómica para esta clase de ocasiones y cita peticiones similares entre 2007 y 2015. “La cuestión esencial reside en que existe una base legal autonómica que permite la situación presente, y a la que se ha adaptado el modo de celebrar este tipo de festejos”, sostiene el pronunciamiento.

La solicitud del Gobierno, finalmente desestimada, ha indignado en Tordesillas, cuyo alcalde, Miguel Ángel Oliveira (PP), reprochó este jueves la medida al conocerla y la tildó de “fuera de lugar”. Misma oposición mostraron los integrantes del Patronato del Toro de la Vega, cuyo presidente, Enrique Carnero, insistía en la celebración del festejo: “Guste o no guste es patrimonio cultural de España, en vez de potenciarlo lo prohíben en esta cultura de la cancelación”.

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