La Generalitat aprueba un decreto que rechaza aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas
El Ejecutivo catalán se ha reunido este lunes de manera extraordinaria para aprobar el decreto ley con que espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dé por cumplida la sentencia que exige un 25% de horas lectivas de castellano. El texto, sin embargo, no hace referencia a esas decisiones judiciales y, al contrario, defiende que no es posible aplicar “parámetros numéricos” en la enseñanza y uso de lenguas en las escuelas. Mañana martes se vence el plazo dado por los magistrados para la ejecución forzosa de su fallo y con la probación del articulado, que describe el proceso de validación de los proyectos lingüísticos de cada centro, la Generalitat cree que no se le puede acusar ya de inacción en legislación lingüística, el nervio de la sentencia del TSJC. A menos de un mes para que acabe el actual curso, los plazos establecidos en el decreto ley dejan su aplicación real para el próximo periodo lectivo.
El decreto ley va en la misma dirección que la ley que actualmente está en trámite en el Parlament y a la espera de un dictamen del Consell de Garantías Estatutarias (CGE) para continuar con su aprobación. Sin embargo, va más allá en el rechazo a los términos de la sentencia sobre el uso del castellano, aunque no la cita. En la ley ese extremo fue suavizado para permitir que el PSC se sumara, pero ya se descarta que los socialistas también den luz verde a la convalidación en la Cámara. En el texto que se ha aprobado este martes se justifica en “la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas”.
Se abre el plazo para su ratificación en el Parlament, un trámite para el que el Govern no va sobrado de aliados. En Comú Podem tiene la llave para la luz verde, dadas las reticencias manifestadas por el PSC y la CUP. Durante una visita a Tarragona, el ministro de Cultura y presidente del PSC Miquel Iceta ha criticado que el Govern no contactó con los socialistas para abordar el contenido del decreto ley. “Extraña que el Govern tuviera tanto interés en pactar la proposición de ley y que ese interés no se haya dado en relación con el decreto”, ha lamentado Iceta. Para el ministro, la vía a explorar es la de los “grandes acuerdos”, en referencia al pacto entre Junts, Esquerra, PSC y Comunes, para desarrollar una ley que regule la enseñanza del catalán y del castellano en las escuelas. “Hay quien puede pensar que en Cataluña no se aprende el castellano, y no es así. Como tampoco es verdad que el catalán esté en peligro”, ha dicho Iceta.
Lluïsa Moret, viceprimera secretaria de Organización y Acción Electoral del PSC, ha señalado que “la propuesta de decreto es una improvisación del Govern para esquivar la sentencia del TSJC”. Moret ha anunciado que los socialistas no tienen intención de validar el decreto en sede parlamentaria. Aunque por distintos motivos a los alegados por los socialistas, la CUP también se muestra contraria al decreto. En una entrevista en la SER, Carles Riera ha puesto de relieve que el decreto “consagrará la segregación escolar por motivos de lengua”.
La Generalitat considera que es antipedagógico una cuota uniforme de enseñanza tanto del catalán (la lengua vehicular y “normalmente empleada”) como del castellano, que la ley en trámite define de manera novedosa como “curricular”. “El Govern garantizará que las sentencias no condicionen el modelo de escuela catalana. No es posible abstraerse de la diversidad social y cultural del país”, ha explicado este martes la portavoz Patrícia Plaja. Su apuesta es que cada centro, de acuerdo a su realidad sociolingüística, decida la proporción del uso de las dos lenguas pero siempre garantizando que se cumpla el objetivo de que al final de la escolarización obligatoria se cumpla “el objetivo del dominio oral y escrito del catalán y el castellano”. Para ello ha de crear sus propios indicadores y manera de evaluación, con una periodicidad bianual, aunque también habrá “evaluaciones externas”.
Cada centro ha de enviar el proyecto lingüístico al Departamento de Educación, que tiene 30 días para verificar que se ajusta a la normativa vigente. Mañana martes, ha dicho Plaja, se enviará una instrucción a las direcciones de los centros para saber cómo tienen que proceder a partir de ahora. “Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad del proyecto que valida”, dice el articulado, intentando así tranquilizar a las direcciones. Ese plazo de tiempo sobrepasa lo que queda del curso escolar. Si el departamento hace correcciones tienen que ser revisadas “en el menor tiempo posible” durante los seis primeros meses del curso 2022-2023.
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El Gobierno pide cumplir la sentencia
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recordado que las sentencias firmes son “de obligado cumplimiento” y que, en todo, caso, es el propio TJSC el que tiene que determinar si el decreto ley es una “respuesta acertada, oportuna o correcta” para dar cumplimento a la sentencia del tribunal sobre el 25% de castellano en las aulas catalanas. La ministra ha lamentado que utilizar el debate de la lengua “como arma arrojadiza” no hace “ningún favor como país”.
El portavoz de Vox en el Parlament, Juan Garriga, ha admitido este lunes que su formación pidió un dictamen al CGE de la proposición de ley sobre el catalán para entorpecer su aprobación. “Es una tomadura de pelo total. Nosotros queremos poner trabas a esta tomadura de pelo, y lo llevamos al Consell de Garantías Estatutarias, que es un órgano consultivo, que no sirve de nada, pero que puede paralizar esta tropelía de los derechos de los catalanes a tener algo de español en el aula, que no es tan grave”, ha asegurado Garriga en Ràdio 4.
Este martes vence el plazo dictado por el TSJC para que la Generalitat ejecute de manera forzosa la sentencia que fija la obligación de un 25% de horas lectivas en castellano. Eso equivale a una asignatura troncal más en esa lengua, pero de momento Educación no ha transmitido ningún tipo de indicación respecto a cómo ejecutar ese mandato. Los magistrados están a la espera de que la Alta Inspección Educativa informe sobre los pasos que el Govern asegura haber dado para entrar a decidir si se cumple con la sentencia o no.
El escenario este martes es incierto. La vía contencioso-administrativa siempre más lenta y menos punitiva que la penal. El TSJC podría ahora preguntar al Govern cuando calcula que se aprobará la ley o pronunciarse sobre si la batería legal es suficiente o no; pedir más información sobre cómo lo va a hacer o advertir al consejero Josep Gonzàlez Cambray de mecanismos coercitivos que pueden acabar en multas diarias y, finalmente, en abrir la vía penal por desobediencia si cree que no está ejecutando las medidas. O acabar dando instrucciones de manera directa a los centros para que la apliquen el 25% de castellano.
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