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El Departamento de Educación de la Generalitat ha enviado este martes por la mañana a los centros educativos catalanes las instrucciones que, en un primer momento, se esperaba que marcaran el camino sobre cómo aplicar el 25% de castellano en las aulas. Pero finalmente, el documento se ha convertido en unas indicaciones para comprobar si los actuales proyectos lingüísticos de los centros son válidos o no. Eso sí, estos proyectos deberán incluir el castellano como lengua de “uso curricular y educativo”. El Departamento considera que, con el nuevo marco legal establecido con el decreto ley aprobado este lunes, las reglas del juego han cambiado y ya no es necesario aplicar la sentencia, sino la nueva normativa de la Generalitat, que no fija porcentajes. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tiene previsto comparecer a mediodía, tras la reunión semanal del Govern, para explicar las medidas tomadas a raíz de la sentencia.

Los proyectos lingüísticos forman parte del proyecto educativo de un centro, donde se recogen los objetivos pedagógicos que se plantea el equipo directivo y la metodología para lograrlos. El proyecto lingüístico concreta, aparte del uso del catalán como lengua vehicular, qué otros idiomas se van a potenciar. Estos documentos los elaboran los docentes, pero son aprobados por el consejo escolar del centro, donde están representados profesores, personal administrativo y familias. Posteriormente, se envían al Departamento de Educación para dejar constancia, pero hasta ahora no los validaba.

A diferencia del nuevo decreto ley, en las instrucciones sí se reconoce la existencia de las sentencias que obligan a impartir el 25% de castellano y se informa de las diferentes iniciativas legales impulsadas por el Generalitat para “proporcionar seguridad jurídica” y “lograr el uso normal de las dos lenguas oficiales” en los centros educativos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a principios de mayo, dio a la Generalitat un plazo de 15 días hábiles para que dictara “las instrucciones y establezca las garantías de control” necesarias de forma que “todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en un caso y el otro”. Esto se traduciría en impartir una materia más en castellano.

El Govern ha insistido por activa y por pasiva que no se aplicarían porcentajes y que se limitaría a garantizar el normal uso y enseñanza de ambas lenguas. “El aprendizaje de lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía”, acostumbra a asegurar el consejero Josep Gonzàlez-Cambray. Y el último paquete legal emprendido va en este sentido. Ni el decreto ley aprobado ayer, y que ya ha entrado en vigor, ni la proposición de ley sobre el uso de las lenguas en la enseñanza -pendiente de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias- recogen la cifra del 25%. Esta última norma establece que el catalán será la lengua “normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje” y que se garantizará “la enseñanza y el uso curricular y educativo” del castellano. En cambio, el decreto ley se centra en fijar los criterios que deben cumplir los proyectos lingüísticos de escuelas e institutos, partiendo del catalán como lengua vehicular y asegurando .

Concretamente, el decreto ley establece que el proyecto lingüístico, que establece el uso de las diferentes lenguas en las aulas, debe tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística del alumnado y que se deberá modular según la etapa educativa, dependiendo del nivel de conocimiento de las lenguas. Esto se determinará según evaluaciones periódicas “tanto internas como externas”. Según el decreto ley, el Departamento debe validar antes de un mes todos los proyectos lingüísticos de los centros, un trabajo ingente teniendo en cuenta que hay unos 4.500. Y los que sea necesario modificar -para lograr un dominio de las dos lenguas cooficiales al final de la ESO-, tendrán los primeros seis meses del próximo curso para hacerlo.

El Departamento buscaba validar todos los proyectos lingüísticos -que hasta ahora solo eran aprobados por el consejo escolar de cada centro- para erigirse como responsable último de estos documentos y proteger así a los directores de posibles reclamaciones judiciales, y así consta también en las instrucciones: “El Departamento de Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida”. Y para hacerlo en el menor tiempo posible, ha encontrado una opción telemática: activar un cuestionario de siete preguntas que los directores pueden responder en apenas dos minutos. Si todas las respuestas son positivas, el proyecto queda validado automáticamente. Si se responde no en alguna de las preguntas, habrá que rehacer el proyecto.

Pero las preguntas son suficientemente generales como para permitir que la gran mayoría de respuestas sean positivas y así validar rápidamente los documentos. Por ejemplo, se pregunta si el catalán es la lengua normalmente usada, si se prevé el “uso curricular y educativo tanto del catalán o del castellano” o si se evita el uso de porcentajes en el aprendizaje de las lenguas.

Las instrucciones también avisan a los profesores que deben cumplir lo que dicta el proyecto y no elegir la lengua en que imparten la clase. “Los docentes y el personal de atención educativa no pueden optar por un uso de la lengua diferente del previsto en cada proyecto lingüístico”, fija el texto, que añade que los inspectores se encargarán de hacer un verificar que esto se cumple.

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Enlace de origen : La Generalitat obvia el 25% de castellano en las aulas en las instrucciones enviadas a los directores