La Generalitat se escuda en el Constitucional para no sancionar a manifestantes
La Generalitat ha encontrado el argumento para evitar sancionar a manifestantes que incumplen la ley de seguridad ciudadana: el Tribunal Constitucional. El consejero del Interior catalán, Joan Ignasi Elena, anunció este lunes un cambio de criterio jurídico, basado en la jurisprudencia tanto del alto tribunal como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asegura que de esta forma, primarán los derechos de manifestación, de reunión, de información o de libertad de expresión ante este tipo de multas.
El Departamento de Interior acumula miles de sanciones desde el año 2015 que afectan a la participación en manifestaciones no comunicadas o bien comunicadas pero que modifican sustancialmente el plan del que se había informado inicialmente. Desde entonces, los Mossos han abierto más de 6.500 actas, de las que solo 31 han acabado en expedientes resueltos, según fuentes policiales. La falta de actividad por parte del órgano competente en esa materia -la Dirección General de Administración de la Seguridad (DGAS)- había sido objeto de críticas por parte de la oposición. El PSC pidió explicaciones a la Generalitat después de que este diario desvelase que no se había tramitado ninguna de las 1.200 sanciones impuestas en 2020.
Con el cambio de criterio anunciado por la Generalitat, los expedientes, que Interior asegura que se tramitarán, acabarán archivados, siempre y cuando el manifestante sea pacífico. “No tienen ningún sentido que si uno se moviliza pacíficamente tenga como consecuencia una sanción”, aseguró Elena en declaraciones a Catalunya Ràdio. La intención del Departamento es poner fin también a las multas que los Mossos están imponiendo en las protestas antidesahucios.
Fuentes policiales critican que la decisión del Departamento busca dar cobertura legal a una situación que ya se daba de facto, al no tramitar la mayor parte de los expedientes que llegaban a la mesa. “Se guardaban en un cajón”, aseguran, y advierten incluso de que podría tratarse de un delito de prevaricación. Interior admite que la DGAS sufre cierta saturación pero asegura que se han ido tramitando expedientes, y niegan una voluntad de dejarlos aparcados.
“Todos sabemos de qué partido político son la mayoría de activistas que van a desahucios. Es la CUP y necesitan sus votos para seguir en su silla”, ha lamentado el portavoz del sindicato de Mossos USPAC, Albert Palacio. El sindicato ha anunciado que estudiarán la decisión anunciada por Elena. “Si nos tenemos que jugar la integridad física con identificaciones a gente que ya saben que no se les sancionará y están por encima del bien y del mal, lo que no haremos será jugarnos el físico por esta gente que esta en su silla la mar de tranquila”, ha añadido . Palacio acusa a Interior de “socavar la autoridad de los Mossos”
En su anuncio, Elena ha criticado que el PSC no haya derogado la ley mordaza -como se conoce popularmente a la ley de seguridad ciudadana-, como pedían, y que en cambio se pongan “las manos en la cabeza” cuando no se aplica de forma “restrictiva”. “Lo que hacemos es aplicar la ley. Y la ley se aplica ponderando derechos y en ese caso la ley mordaza junto con otros derechos como el de la libertad de expresión o de manifestación”, ha destacado Elena.
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