La justicia europea ratifica la multa de 2.424 millones a Google por vulnerar la competencia
El Tribunal General de la Unión Europea ha fallado este miércoles contra Google por la sanción de 2.424 millones que la Comisión Europea impuso al gigante tecnológico en 2017 por vulnerar la competencia. El Ejecutivo comunitario concluyó entonces que el famoso buscador privilegiaba los productos de su empresa frente a los de los competidores y los jueces creen lo mismo, que vienen a decir que “Google favorece su servicio de comparación de precios frente a los de la competencia” en lugar de [favorecer] el mejor resultado sobre otro resultado”.
Este caso comenzó en 2015, cuando el departamento de Competencia, ya dirigido por Magrethe Vestager, de la Comisión Europea abrió una investigación a Google por privilegiar sus propios productos, como Google Shopping, en el famoso buscador. Dos años después se tradujo en la que hasta ese momento era la sanción más cuantiosa impuesta por el Ejecutivo comunitario hasta ese momento, algo más de 2.400 millones.
Para concluir que Google vulneraba la competencia, los técnicos de la Comisión rastrearon 1.300 millones de búsquedas desde 2008 y encontraron “evidencias” de que en un 90% de ocasiones los productos de los competidores eran mucho menos visibles en los resultados del buscador que los propios de Alphabet.
Hasta 2015 la Comisión había tratado de llegar a acuerdos con el gigante tecnológico para resolver la situación, pero hace seis años cambió de estrategia y optó por abrir expedientes que se han traducido en importantes multas como esta sobre la que ha fallado este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea. A partir de entonces llegaron más sanciones. Por ahora Alphabet, la firma matriz del grupo de Google, acumula una factura de 8.240 millones por lo que Bruselas entiende que son vulneraciones a la competencia.
Entre los castigos a Alphabet, pendientes de confirmar en los tribunales de Luxemburgo, hay un expediente que concluyó en 2018 con una multa que prácticamente dobla a la de esta sentencia, 4.343 millones. Es la que le impuso el departamento de Vestager por imponer a los fabricantes de teléfonos móviles a instalar de serie sus aplicaciones si querían contar con el sistema operativo Android. Este caso recuerda mucho al que, en los albores de internet, enfrentó a Bruselas con Microsoft, cuando instalaba en los ordenadores personales el navegador Internet Explorer con el sistema operativo Windows, una política comercial que perjudicó mucho a Netscape, el navegador más utilizado entonces.
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