La justicia europea retira la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de Luxemburgo ha retirado este miércoles la inmunidad parlamentaria del expresident Carles Puigdemont y los también eurodiputados catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí, lo que da vía libre al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para volver a emitir una orden de detención europea (ODE) reclamando su entrega a España. Cabe recurso contra esta decisión.
Los eurodiputados independentistas habían solicitado, en mayo de 2021, ante el TGUE, que este anulara la decisión de la Eurocámara de aceptar, por una amplia mayoría, el suplicatorio enviado por el Supremo desde Madrid para poder actuar contra ellos. La sentencia de este miércoles del tribunal con sede en Luxemburgo desestima el recurso de los políticos catalanes, que alegaban “persecución política” para recuperar de forma permanente la inmunidad, y vuelve a dejar la iniciativa en manos del Supremo, que puede reactivar las euroórdenes dictadas contra ellos y que estaban en suspenso a la espera de lo que decidiera la justicia europea.
Una vez que el TGUE ha levantado la inmunidad, el expresident ha perdido el blindaje que hasta ahora le hacía intocable en Europa y volverán a ponerse en marcha los trámites para su entrega. La situación vuelve al punto de partida anterior a que Puigdemont fuera elegido eurodiputado y se arriesgará a ser detenido si sale de Bélgica, como ya ocurrió en la primavera de 2018, cuando fue arrestado en Alemania mientras regresaba a Bélgica tras viajar a Finlandia.
El juez del Supremo esperará a leer la sentencia dictada este miércoles, pero su intención es dictar nuevas euroórdenes por los delitos de malversación y desobediencia contra Puigdemont y Comín. Ambos estaban reclamados por sedición, pero la reciente reforma penal que ha derogado este delito ha hecho decaer esa parte del procesamiento. Pero el alto tribunal también es consciente de que la retirada de la inmunidad y la emisión de una nueva euroorden no implica una entrega automática de Puigdemont por parte de Bélgica, un país que siempre se ha mostrado reacio a entregar a delincuentes reclamados por España.
Durante la audiencia pública del caso, el pasado noviembre, el abogado de la Eurocámara, Norbert Lorenz, indicó que la decisión inicial de reconocer como eurodiputados al expresidente catalán y a los otros dos dirigentes independentistas fue “probablemente ilegal”, dado que la Junta Electoral Central nunca los llegó a confirmar como eurodiputados españoles. “El Parlamento Europeo ha tratado correctamente a los demandantes: en enero de 2020 se les permitió asumir su escaño en el Parlamento de forma provisional y, como hemos visto por una sentencia del TGUE, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados en España y hayan respetado los requisitos exigidos”, explicó el representante legal de la Eurocámara. Y eso demuestra, insistió, que “el Parlamento tuvo un comportamiento totalmente correcto con los demandantes”. Un extremo que el TGUE ha confirmado ahora.
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La defensa de los políticos independentistas ya ha adelantado que recurrirán de inmediato la decisión de este órgano de primera instancia ante la institución superior, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Además, mientras este delibera una decisión final, pedirán nuevamente medidas cautelares como las que ya les concedieron en mayo del año pasado y que les devolvieron provisionalmente la inmunidad ahora de nuevo retirada. La defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye, mantiene así la línea seguida durante todo el laberíntico proceso judicial que han protagonizado los eurodiputados independentistas desde su huida de España a finales de octubre de 2017.
El recurso a la decisión de este miércoles ante la instancia judicial superior responde a las tácticas dilatorias de los políticos independentistas que llevan jugando al gato y el ratón con la justicia española desde que fueron elegidos eurodiputados, en la primavera de 2019. De hecho, la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí calcula que la decisión del TJUE podría tardar un máximo de seis a ocho meses, lo que les permitirá agotar casi por completo su mandato, ya que las elecciones europeas han sido fijadas para comienzos de junio de 2024.
En todo caso, la posibilidad de presentar recurso no demorará los siguientes pasos del Supremo, que prevé lanzar la orden de detención sin esperar a que las posibles impugnaciones se presenten y se resuelvan. Pero la defensa de los políticos catalanes confía en que el juez belga, que debería decidir sobre la eventual euroorden, actúe con la cautela que ha mostrado hasta ahora y no se pronuncie hasta que el TJUE emita una decisión final.
La posibilidad de que Llarena dicte una nueva orden europea de detención es vista por la defensa de los eurodiputados independentistas como un error jurídico porque, según su interpretación, el juez del Tribunal Supremo debería pedir un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo antes de emitir una nueva euroorden. Afirman que el suplicatorio solicitado en 2020 ha perdido su validez, puesto que fue realizado para seguir ejecutando la euroorden que se retiró el pasado 12 de enero, cuando modificó los delitos por los que reclama a los eurodiputados independentistas catalanes, tras la reforma del código penal.
Mientras que, originalmente, el juez Llarena había procesado a Puigdemont y Comín por sedición y malversación, y a Ponsatí por sedición, tras la reforma judicial ya solo reclama al expresident y a su antiguo consejero por malversación agravada y desobediencia, mientras que a Ponsatí por desobediencia.
Fuentes jurídicas discrepan de esta interpretación y sostienen que el suplicatorio se emitió por unos hechos (la participación de Puigdemont, Comín y Ponsatí en el procés) que no han cambiado, por lo que aunque se haya modificado su calificación jurídica, el permiso que concedió la Eurocámara sigue siendo válido.
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