La justicia para de nuevo los pies a la Consejería de Educación de Madrid por ordenar a los centros cómo organizar las asignaturas
Nuevo golpe de la justicia a la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, por reinterpretar la ley estatal y “cercenar” las competencias de los centros educativos, según explica Isabel Galvín, de CC OO, el sindicato que volvió a denunciar a la Consejería de Educación, en esta ocasión por mandar una circular a los centros de Secundaria para que no organizaran los bloques de asignaturas según sus propios proyectos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha establecido que tiene razón, que un correo con instrucciones que la Consejería de Educación mandó a los centros educativos pretende regular la implantación de la ESO en el próximo curso 2022/23 y vulnera la autonomía pedagógica de esos centros y las competencias del claustro de profesores. Este golpe viene después del de la semana pasada, cuando el mismo tribunal aceptó también las medidas cautelarísimas que pedía el mismo sindicato, que denunció que la Administración se excedía en sus competencias a la hora de establecer criterios para evaluar a los alumnos.
El origen de este nuevo conflicto tiene que ver, de nuevo, en lo que en un principio se estipuló a nivel estatal. El Gobierno de Sánchez da libertad a los centros para que organice según sus propios proyectos educativos los bloques de asignaturas. Hasta ahora, por ejemplo, se encontraba, por una parte, los alumnos que elegían la rama científica, con asignaturas como matemáticas, física y química, naturales o incluso tecnología; o la rama sociolingüística, con lengua castellana y literatura y las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. La nueva ley da libertad a los centros para hacer sus propias agrupaciones de las asignaturas en función de su propio proyecto y de las características de su alumnado, aunque no obliga a hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Que los centros que quieran continuar con la división clásica pueden impartiendo clases así.
El problema llegó la semana pasada, cuando la Consejería de Educación escribió a los centros de Secundaria y les pidió que siguieran como hasta ahora, es decir, con los bloques de asignaturas diferenciados y sin mezclar. CC OO entonces interpuso el pasado 23 de mayo recurso contencioso-administrativo a la circular. Galvín explica que esa circular vulnera la autonomía pedagógica de los centros, al impedir que el claustro de profesorado, al que compete “aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual” pueda decidir sobre la agrupación de las materias en ámbitos, uno de los aspectos más novedosos de la nueva ley.
Esta forma de organización curricular, insiste Galvín, “ya existe en dos programas que se han revelado de especial éxito, tanto para atender la diversidad del alumnado como para alcanzar el título de Secundaria”. Son los llamados Programas de Diversificación Curricular (vigentes desde la LOGSE y mantenidos con la LOE y modificados por la LOMCE) y el programa de Formación Profesional Básica. “Pero los centros”, aclara Galvín, “pueden decidir, si no lo impide la Consejería, otras formas de agrupación de las materias de 1º o 3º de la ESO que respondan a las necesidades e intereses de la comunidad educativa”. Por ejemplo, en 3º de ESO Matemáticas y Tecnología y Digitalización.
CC OO entiende que la circular carece del rango normativo debido, ya que el Director General (en este caso, de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, que fue quien mandó el correo a los centros) no ostenta la potestad reglamentaria, que en la Comunidad de Madrid está reservada al Consejo de Gobierno y al Consejero, en este caso, de Educación, y que la circular va dirigida también a centros privados por tratarse de una pretendida disposición general reguladora de la ordenación académica. En definitiva, cree que es una Circular que no puede vulnerar el derecho de los centros a su autonomía pedagógica –ejercida por el Claustro- tal y como está recogida dicha potestad en la LOMLOE y en Real Decreto 217/2022, de ordenación y enseñanzas mínimas de la ESO, que afirma (art. 8.6) que “Los centros podrán establecer agrupaciones en ámbitos de todas las materias de los tres primeros cursos de la etapa en el marco de lo establecido a este respecto por sus respectivas administraciones educativas”.
El auto, que llegó al sindicato anoche a última hora, considera que, a escasas semanas de iniciarse por parte de las familias la matrícula de sus hijos en los centros, vulnera el derecho de las familias a conocer la concreción del currículo llevado a cabo por los claustros del profesorado de los distintos centros. “Incide directamente en la calidad de la educación, del alumnado y cercena la libertad de cátedra”, recuerda Galvín, que considera que Madrid ha reinterpretado la ley a su manera.
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