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Bloquear bienes suficientes para garantizar las fianzas de responsabilidad civil de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño se ha convertido en una carrera de obstáculos para la justicia. De los 6,7 millones que la Fiscalía Anticorrupción reclama a los dos empresarios acusados de vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid a precios desorbitados y con una enorme comisión al comienzo de la pandemia, hasta ahora solo se han podido asegurar bienes por un total de 1,5 millones, menos de una cuarta parte del total. El juez que instruye la causa, Adolfo Carretero, ha pedido a las partes personadas su opinión sobre las iniciativas legales a adoptar para la recuperación del dinero presuntamente estafado.

Por su parte, las autoridades de Malasia, donde se ubica la mercantil Leno que facilitó las mascarillas, guantes y test del contrato bajo sospecha, han remitido a la Fiscalía Anticorrupción un informe en el que, tras informar que han localizado al empresario San Chin Choon, máximo responsable de esta compañía, este se ha negado a colaborar en las pesquisas de la justicia española. En su escrito, el país asiático detalla que la ley no les permite forzarle a hacerlo.

Anticorrupción fijó las cuantías de la responsabilidad civil a partir de la cantidad que se embolsaron Luceño y Medina con su contrato con el Ayuntamiento de la capital, a la que suma un tercio de la misma, como fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En total, ambas fianzas representan 6.784.714 euros. De esta cantidad, reclama 1.216.989 euros a Medina y los 5.567.725 restantes a Luceño, que es quien se llevó el mayor porcentaje de las comisiones presuntamente abusivas. No obstante, la Fiscalía recuerda que lo que no se le pueda embargar a uno se le puede reclamar al otro, “dado el carácter solidario de la responsabilidad civil”, según recoge en un escrito remitido al juez.

Hasta ahora la justicia solo ha podido embargar a Medina bienes por un total de 325.762 euros (un yate valorado en 325.515 euros y los 247 euros del saldo de una cuenta), después de que Deutsche Bank, la entidad financiera en la que ingresó la comisión, informase de que, de las tres cuentas que tenía abiertas (una en dólares), dos tenían saldos negativos y en la tercera solo una pequeña cantidad. En su informe, el banco también detallaba que el investigado mantiene una deuda de 5.719 euros con la entidad por no atender los cargos de una tarjeta de crédito. La Fiscalía cifró entonces en 891.221 euros la cantidad que aún queda por asegurar en su caso.

En el caso de Luceño, las gestiones judiciales también están lejos de conseguir bloquear bienes por una cuantía suficiente para cubrir la fianza que pide para él Anticorrupción, y que es de 5.567.725 euros. En su caso, la justicia ya ha dado órdenes al Registro de la Propiedad para que bloquee la vivienda que adquirió tras embolsarse la comisión en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y por la que pagó 1.107.400 euros. Además, también ha retenido los fondos que tenía en tres cuentas en Caixabank a su nombre o al de su empresa Takamaka Invest S.L. En total, 129.139 euros.

La justicia también ha intentado bloquear los vehículos de lujo que el empresario adquirió tras cerrar el negocio con el consistorio, pero ha descubierto que, al menos, tres de ellos los vendió entre enero y abril pasado, cuando ya era investigado por Anticorrupción. Entre ellos se encuentra un Range Rover y un Lamborghini. El juez ha pedido este martes a las partes que planteen qué medidas cautelares económicas adopta con el empresario para lograr asegurar el resto de la fianza.

En el caso de Medina, la Fiscalía solicitó al juez que reclame al comisionista garantías para cubrir el dinero restante y, en caso de que no lo haga, que ordene el embargo de otros bienes que pudieran estar a su nombre, sin especificar cuáles. En la misma línea ha apuntado Podemos, que es una de las acusaciones populares personadas en la causa. En su caso, plantea al magistrado que requiera a Medina que entregue en el plazo de tres días un listado con sus bienes y, si no lo hace, que se averigüe cuál es su patrimonio para proceder a su embargo. También ha planteado que solicite a la Agencia Tributaria información sobre los bienes que Medina pudiera disponer en el extranjero.

Por su parte, el PSOE, también personado como acusación popular, ha recordado al juez que existe un proceso en un juzgado de Sevilla para dirimir el reparto de la herencia de la abuela de Medina, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, entre cuyos beneficiarios estaría Medina, con vistas a embargar sus derechos hereditarios. Sobre Luceño, la fiscalía y el resto de las partes aún no han planteado medidas, aunque todo apunta que serán similares que las pedidas a su socio.

Mientras, la justicia de Malasia ha echado un jarro de agua fría a la investigación, tras informar que el empresario San Chin Choon, responsable de la empresa Leno que vendió el material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, se niega a colaborar en la investigación. Anticorrupción había enviado en mayo de 2021 una comisión rogatoria (solicitud de auxilio judicial) a las autoridades del país asiático para interrogar como testigo a San Chin Choon. El escrito incluía las 19 preguntas que se le querían plantear a este.

En un primer momento, Malasia planteó como condición para ejecutar que España se comprometiera a cumplimentar peticiones de ayuda similares que pudieran enviarles el país asiático. Tras hacerlo España, sus autoridades localizaron al empresario, que finalmente se negó a responder las preguntas, según se recoge en la respuesta que llegó al Ministerio de Justicia español el pasado lunes. En la misma también se destaca que la ley malasia no permite forzar a hacerlo.

Enlace de origen : La justicia solo logra bloquear a los comisionistas Medina y Luceño una cuarta parte de los 6,7 millones de las fianzas