La mayoría de los ataques de Pegasus se produjeron tras la sentencia del ‘procés’

Más de medio centenar de líderes independentistas catalanes fueron espiados con el programa israelí Pegasus, pero solo uno, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, fue víctima de este sistema durante el procés, el desafío secesionista que concluyó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Durante aquellos meses en los que la Generalitat exhibía su pulso al Estado desobedeciendo al Tribunal Constitucional y organizando el referéndum ilegal de independencia del 1-O, Pegasus no atacó los móviles de los dirigentes secesionistas, pese a que el caso de Sànchez revela que tenía capacidad de hacerlo. Sin embargo, el interés de Pegasus por los dirigentes independentistas se desató a lo largo de 2019 y 2020, cuando los líderes del procés ya habían sido neutralizados por la vía judicial y el desafío independentista había supuestamente amainado.
El uso de Pegasus para conocer las intenciones y los movimientos del entorno independentista solo podría ser legal si lo hubiera autorizado un juez, ya sea dentro de un procedimiento judicial de los muchos que se abrieron en los años álgidos del procés, como por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previo permiso del magistrado del Tribunal Supremo encargado de controlar al servicio de inteligencia español. El CNI tiene entre sus funciones la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”, y la ley que regula su control judicial previo considera que se pueden avalar medidas que afecten al secreto de las comunicaciones cuando “resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”. Bajo este paraguas, se podría haber solicitado la autorización judicial para interceptar las comunicaciones de los líderes independentista, como de hecho se hizo mediante los sistemas habituales de intervención telefónica durante la instrucción judicial de algunas de las causas abiertas en el procés.
Sin embargo, el grueso del espionaje de Pegasus tuvo lugar cuando las principales causas judiciales contra los dirigentes independentistas ya estaban juzgadas o, al menos, con la instrucción terminada. De las 59 personas espiadas que documenta el informe de Citizen Lab, solo los ataques a Jordi Sànchez tienen un vínculo claro con el procès: ya en 2015, poco después de una gran manifestación secesionista en Barcelona, recibió el primer sms de Pegasus. Y en 2017, cuando la asociación que presidía lideraba las movilizaciones ciudadanas a favor de la independencia, fue atacado al menos cinco veces en fechas destacadas entre abril y octubre, entre ellas, en la Diada del 11 de septiembre, cuando la ANC congregó alrededor de un millón de personas en las calles de Barcelona; y el 13 de octubre de ese año, tres días antes de ser detenido y enviado a prisión preventiva acusado de sedición.
Pero al margen de los ataques a Sànchez, no se han documentado más intrusiones de Pegasus durante 2017 y solo tres en 2018, cuando el Supremo estaba en plena instrucción de la causa del procés. Durante este año, fueron hackeados los móviles del presidente del PdeCat David Boheví (según el informe “en algún momento” entre el 30 de septiembre y el 30 de enero de 2019) y de Dolors Mas (”en algún momento” entre el 27 de septiembre de 2018 y el 28 de agosto de 2019) empresaria y pareja de Joan Matamala, amigo íntimo de Carles Puigdemont.
En 2019, fueron espiados, sin embargo, más de una veintena de personas. Entre febrero y junio el Supremo acogió el juicio contra 12 líderes independentistas, pero la actividad de Pegasus alrededor de esas fechas es mínima, aunque existió. Mientas se estaba celebrando la vista fueron atacados los móviles de Boheví; del diputado del Parlament por la CUP Carles Riera; o de Meritxell Bonet, periodista y esposa del presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, que estaba siendo juzgado y a quien Bonet visitaba en prisión. Pero las intrusiones del programa israelí se incrementaron, sobre todo, a finales de ese año, tras la sentencia del Supremo que el 14 de octubre condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel a nueve dirigentes secesionistas. A la publicación de la resolución judicial le siguieron días de intensas movilizaciones que acabaron con decenas de detenidos, pero la principal actividad de Pegasus se produce semanas después, cuando estos episodios ya han cesado. Es el caso del espionaje sufrido en noviembre por Matamala, cuyo terminal había sido atacado por primera vez en agosto; o por Josep Costa, abogado y exvicepresidente del Parlament, espiado en diciembre y que también lo había sido en julio.
Los ataques siguieron sucediéndose en 2020, incluso en pleno confinamiento decretado por el Gobierno el 14 de marzo para combatir la pandemia de covid-19. Durante los meses que duró el estado de alarma (hasta mediados de junio) fueron espiadas una decena de personas, entre ellas, el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, el abogado Andreu Van den Eynde (defensor, entre otros, de Oriol Junqueras) o el exconsejero de Gobernación de la Generalitat y exdiputado de ERC Xavier Vendrell, además de algunos atacados anteriormente como Matamala o Bonheví. La actividad de Pegasus continuó durante el verano y hasta finales de ese año, cuando España va vivía inmersa en la pandemia y el desafío independentista había quedado aparentemente atrás.
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