La mayoría del Congreso rechaza el intento de PP y Vox de proteger a agitadores de medios ultras en la Cámara

La mayoría del Congreso que apoyó el arranque de esta legislatura y la investidura de Pedro Sánchez derrotó este martes en el pleno las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la reforma legal impulsada por el PSOE para cambiar el Reglamento de la Cámara y fijar unas normas mínimas y básicas de comportamiento a los periodistas acreditados. Esta, además, establece sanciones para los profesionales que se las salten, algo que ha ido in crescendo en los últimos meses por parte de una serie de agitadores ultras. PP y Vox se quedaron solos defendiendo el argumento de que el cambio persigue algún tipo de censura o ataque a la libertad de expresión de supuestos periodistas que formulan preguntas incómodas. Todos los portavoces de los demás partidos, desde el PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, Podemos y Compromís, precisaron que la modificación solo pretende dar más instrumentos para que la Mesa del Congreso pueda actuar contra los que usen mal la acreditación de prensa y la empleen para “insultar, acosar y provocar” en cualquier dependencia de la Cámara a políticos de todos los partidos menos de PP y Vox y a periodistas profesionales, como está sucediendo.

El pleno del Congreso tumbó con 174 votos frente a los 166 de PP y Vox las enmiendas a la totalidad registradas y defendidas casi con los mismos argumentos por los portavoces del partido de Alberto Núñez Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo, y de la formación ultra, José María Figaredo. La reforma de varios artículos del Reglamento de la Cámara baja propone promover “acciones encaminadas a identificar y a diferenciar entre medios de comunicación legítimos y aquellos que operan con fines propagandísticos, de manipulación o desestabilización” y la intención es que pueda salir adelante en el próximo pleno y entrar ya en vigor para el siguiente periodo de sesiones, tras el verano.

Figaredo intentó ironizar en su intervención con que se hubiera convocado un pleno del Congreso en un periodo inhábil como es el mes de julio, por la tarde, para tratar un asunto al que no dio ninguna importancia y sobre el que quiso mofarse. E insistió en la idea de que lo que persigue el PSOE, que es el que firmó la propuesta de reforma legal y que respaldan todos los demás grupos menos PP y Vox, es “censurar a los periodistas que hacen preguntas incómodas”, algo que sí sucede habitualmente en cualquier comparecencia de prensa. Figaredo se dispersó luego con todo tipo de alusiones insultantes hacia el Gobierno y el PSOE, lo que provocó una interrupción del portavoz socialista, Patxi López, y que la presidencia las retirara formalmente del diario de sesiones.

Álvarez de Toledo siguió el mismo guion. Apuntó con un ventilador de improperios de todo tipo contra Pedro Sánchez, le achacó la estrategia de intentar “silenciar y purgar” a periodistas y jueces críticos y, aunque admitió que algunos pseudoperiodistas acreditados pueden comportarse de malas maneras, le restó trascendencia y apuntó a que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya dispone de herramientas suficientes con la Constitución y el Reglamento actual para ejercer su responsabilidad y actuar. Algo que no ha ocurrido, pese a las presiones de las asociaciones profesionales de periodistas.

La reforma legal del Reglamento retrata el nuevo escenario mediático de los últimos años con la aparición de las redes sociales, los móviles, el llamado periodismo ciudadano y la distorsión del debate público con las noticias falsas, manipuladas y tendenciosas, y se fija el reto de intentar proteger el espacio parlamentario a los nuevos tiempos. El actual artículo 98 sí regula cómo se conceden las acreditaciones para trabajar en el Congreso, pero en la nueva norma se reconoce que se ha quedado desactualizado. En diciembre de 2011 la Presidencia planteó algunos criterios añadidos en una instrucción, también ya desfasada. En los artículos 105 y 106, citados por el PP, se alude a conceptos jurídicos indeterminados sobre “personas que perturbaren” o que provoquen “desórdenes graves”, pero su interpretación se deja al criterio de la Presidencia y no dicen nada de “cómo y por qué razón puede perderse” la acreditación para trabajar dentro del Congreso. Esa decisión quedará ahora en poder de la Mesa y un comité en el que participarán representantes de la profesión.

Los portavoces de los partidos que tumbaron los intentos de frenar la ley del PP y Vox explicaron que la regulación no pretende ningún control de los periodistas. Àgueda Micó, de Compromís, constató que esos “falsos agitadores fascistas” lo que llevan haciendo hace tiempo es “ensuciar y sembrar odio en la casa del pueblo”. La diputada de Podemos, Martina Velarde, les llamó directamente “sicarios” que “acosan e insultan con violencia” a las órdenes del PP y Vox.

El parlamentario del PNV, Mikel Legarda, pidió a PP y Vox que no engañen ni “mezclen el culo con las témporas” porque la reforma solo fija “unas normas mínimas y básicas de comportamiento y respeto” para atajar “la impunidad de los sedicentes periodistas que acosan, amenazan, descalifican, provocan enfrentamientos, graban en zonas no permitidas y allanan despachos”.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, los identificó como “propagandistas” y “émulos de Steve Bannon”, el exestratega político de la extrema derecha​ estadounidense y de Donald Trump, idea sobre la que abundó luego el representante de Sumar, el catedrático de información de la Universidad de Sevilla, Francisco Sierra. Gabriel Rufián, de ERC, fue más contundente y les etiquetó como “lacayos informativos”. El socialista Marc Lamuá suscribió todas esas tesis, pero puso el acento en el montaje del “chiringuito del bulo y del odio” que monetizan esas actuaciones de esos pseudomedios luego en las redes sociales con cortes manipulados como “un modelo de negocio de propaganda de la derecha”.

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