La ONU concluye que Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha finalizado un año de trabajo y concluyó que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, en conjunto con siete instituciones estatales desde 2018, cuando las protestas sociales fueron reprimidas a punta de balas de alto calibre por la policía y grupos paramilitares.
El informe fue presentado este jueves en Ginebra, Suiza, y constituye “una prueba” suficiente para activar el derecho penal. A diferencia del informe del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sugiere la comisión de delitos de lesa humanidad, el de la ONU no solo los “prueba”, sino que va más allá: señala al Estado y atribuye responsabilidades específicas, que van desde la pareja presidencial a los mandos intermedios que materializaron en las calles la orden “vamos con todo” que desencadenó una violencia letal que dejó más de 355 muertos entre abril y septiembre de 2018.
“Una de las diferencias fundamentales de nuestro informe es la profundización en otros fenómenos que se generaron dentro de la espora de violencia del año 2018 hasta hoy en día”, dice a EL PAÍS Ángela María Buitrago, una de las expertas y exfiscal de Colombia. “El grupo de la CIDH tuvo un tiempo reducido de mandato y, por lo tanto, su mayor énfasis es en el tema de las de las muertes y los asesinatos realizados durante el periodo del 2018 que, si bien analiza elementos de contexto y elementos de cierres de espacios cívicos, no llega a profundizar en responsabilidad ni en rendición de cuentas, que es un aspecto fundamental también que tenemos dentro de nuestro mandato”.
“El Grupo encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”, sentencia la publicación.
El Grupo de Expertos de la ONU resalta que “tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”. Además, el Ghren resalta que los mandos superiores y jefes de la Policía y del Sistema Penitenciario sabían o debían “haber sabido de los crímenes y violaciones cometidos por sus subordinados, y no adoptaron medidas preventivas y sancionadoras, a pesar de tener la capacidad efectiva de hacerlo”.
Emplazan a la comunidad internacional
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El experto y presidente del Ghren Jan-Michael Simon, de Alemania, comparó la situación de Nicaragua con los hechos que marcaron la década de 1930 en Europa. “Todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Nuremberg”, aseguró. Los expertos manifestaron que es necesario buscar el ejercicio de jurisdicción universal, es decir, que cualquier país podría empezar una acción penal contra el Estado de Nicaragua.
Según el informe, el Ghren aplicó el estándar de prueba de “motivos razonables para creer”. A pesar de que dicho umbral es inferior al que se requiere para determinar responsabilidades en un proceso penal, es “suficiente para justificar la realización de ulteriores investigaciones”. En ese sentido, aunque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma como para llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional, emplazan a la comunidad internacional para que cada país pueda empezar procesos penales desde sus jurisdicciones por estos crímenes, como ya lo ha hecho la Justicia de Argentina.
“Cualquier país que tenga el tipo penal de crímenes de lesa humanidad introducido en su orden jurídico interno, es decir, en su Código Penal, puede iniciar un proceso. Son muchos los países que reconocen el Estatuto de Roma, incluso miembros de Naciones Unidas. Esto va asociado a una cláusula de jurisdicción que abre el camino a ejercer penalmente bajo el principio de universalidad, es decir, indistinto de la nacionalidad de la víctima”, explicó a EL PAÍS Ghren Jan-Michael Simon.
Bajo estos hallazgos, el Grupo de Expertos de la ONU emplazó a la comunidad internacional a ampliar “las sanciones sectoriales a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional”. Y sugirieron a los Gobiernos y organismos multilaterales que, en las negociaciones de proyectos de cooperación, prioricen acciones orientadas a mejorar la situación de derechos humanos actual en Nicaragua. El informe ve de suma gravedad el despojo de la nacionalidad de 317 personas.
Funcionarios de diversas estructuras del Gobierno han cometido “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión”, determina el informe que, por ahora, no ha generado reacciones en Managua. De hecho, el régimen Ortega-Murillo se negó a cooperar con los expertos, ya que nunca reconocieron el mandato otorgado por las Naciones Unidas.
El Grupo de Expertos es un mecanismo de la ONU creado expresamente con el fin de investigar abusos cometidos por la dictadura desde abril de 2018. Su mandato obtuvo la luz verde del Consejo de Derechos Humanos del organismo el 31 de marzo de 2022. La resolución que dio su origen fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay, y obtuvo la aprobación con 20 votos a favor y 7 en contra. Este 2 de marzo los hallazgos fueron presentados a los medios de comunicación, y enlistan una serie de graves señalamientos hacia la dictadura Ortega-Murillo. Algunos de ellos reflejan la gravedad de la situación que atraviesa Nicaragua, a pocas semanas de cumplir cinco años de una dictadura consolidada a base de represión policial y paramilitar.
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