La oposición de los rectores y los estudiantes coloca la ley Castells al borde del naufragio
El Consejo de Universidades ―que reúne al ministro con los responsables de los campus (50 de 87 de la pública)― se ha celebrado este jueves de forma virtual en un ambiente de extrema crudeza y tensión, según reconocen fuentes del ministerio y la conferencia de rectores (CRUE). El ministerio convocó a sus miembros para tratar la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOSU) y en el encuentro se ha vivido un plantón de los rectores en toda regla. Se ha escenificado con una única intervención por su parte, la de su presidente José Carlos Gómez Villamandos, que se ha negado a que el Consejo de Universidades elabore un informe preceptivo para aprobar la ley. La CRUE considera que no está sobre la mesa el documento definitivo y ha propuesto que se posponga a la siguiente sesión con un texto que consideren concluyente.
En paralelo, las asociaciones de estudiantes que acuden a las reuniones (CREUP y CEUNE) han convocado para este jueves “parones académicos” que no han tenido hasta este medio día gran repercusión ―el mayor en Extremadura, según los manifestantes―, aunque en las grandes ciudades se ha convocado para esta tarde. Y el viernes se celebra una reunión con ERC ―el socio que debería apuntalar la ley en la votación en el pleno del Congreso― en medio de un ambiente poco propicio para el acuerdo, pues el Gobierno catalán del que este partido forma parte reclama más autonomía de gestión para sus campus y ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU.
Gómez Villamandos, según se recoge en un relato de la reunión que la CRUE ha hecho llegar a la prensa, ha mostrado su “frustración” porque asegura que esperaban el texto con “optimismo e ilusión” y sostiene que el proyecto de la LOSU “no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España”. Fuentes del ministerio reconocen su decepción y desolación. La relación de Castells y la CRUE ha sido muy buena en estos casi dos años, con tan solo un fuerte encontronazo por los exámenes presenciales del pasado enero.
El ministerio, por el contrario, opina que los rectores no miran al futuro pues han rechazado de nuevo el plan del Gobierno para terminar con la precariedad salarial en los campus. El ministerio pretende reservar el 15% de las nuevas plazas para asociados que hayan leído la tesis, pero la CRUE no quiere que existan cupos y se ampara en la autonomía universitaria. “Una reserva legal para el acceso al empleo público debe justificarse en elementos objetivos de discriminación o en la existencia de méritos específicos diferenciados, algo que no ocurre en este caso”, defendió la CRUE en sus alegaciones.
La CRUE, por boca de Gómez Villamandos, ha reclamado también que cada universidad pueda poner sus normas en la carrera para ser rector. Hasta ahora solo pueden serlo los catedráticos y el ministerio quiere que puedan postularse profesores con 18 años de investigación, 15 de docencia y cuatro años en un puesto de gestión. El Gobierno quiere unas normas comunes porque cree que si no cada campus van a hacer un traje a su medida.
Y la CRUE se han mostrado partidaria de que las universidades puedan elegir a sus rectores no por sufragio universal, sino a través de un órgano en el que estén representados todos los estamentos. La idea inicial del ministerio era que un grupo de entre 20 y 30 personas ―un 30% externas― eligiese directamente entre una lista de candidatos (en el caso en que la universidad cambie sus estatutos, no es obligatorio), pero en sus alegaciones los rectores se quejaron: “Habría tenido más sentido que se hubieran dejado totalmente en manos de la universidad las condiciones y composición para montar un comité de este tipo”. Finalmente, esta vía de elección que disgustaba a los sindicatos y los estudiantes se quitó en una nueva versión de la ley, por lo que fuentes del ministerio se sorprenden ahora de que se quiera volver al punto de partida: “En ningún momento los rectores lo han defendido”.
Este miércoles se celebró de forma virtual la Conferencia General de Política Universitaria, que sienta al ministro con los consejeros autonómicos, y los populares aprovecharon para pedir la retirada de la LOSU, una ley que creen no cuenta con el consenso suficiente. Todos, como reclama la CRUE, claman por más financiación. Horas antes el Gobierno había logrado sacar adelante su ley de Convivencia Universitaria con los votos de los nacionalistas y Teruel Existe, pero con la frustración del jueves esa alegría se ha evaporado.
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