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La oposición política en el Ayuntamiento de Madrid ha naufragado hasta ahora en su intento por cercar al Gobierno municipal del PP en la causa judicial abierta contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el contrato de material sanitario que, en el inicio de la pandemia en 2020, les reportó comisiones millonarias. Las formaciones de izquierdas (PSOE, Más Madrid, Podemos y Grupo Mixto), personadas como acusaciones populares, no han conseguido que el magistrado Adolfo Carretero impute a ninguna persona directamente vinculada con la Administración local, pese a sus reiteradas solicitudes. En apenas 10 días y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor ha rechazado todas las peticiones de poner bajo sospecha a tres altos cargos del Consistorio y al primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El ministerio público, que inició la investigación hace dos años, descarta el tráfico de influencias e insiste en que el Ayuntamiento es “víctima” de la “estafa” de Medina y Luceño, que engañaron presuntamente a la Administración para embolsarse casi seis millones de euros en comisiones con la venta de material sanitario (parte de él, defectuoso) en la pandemia. El juez, aunque indaga si los empresarios llegaron a recibir cierto “trato de favor”, mantiene una línea similar: “El Ayuntamiento no es investigado y tiene la condición de perjudicado”, subraya en un escrito de esta semana.

La concejal del PP. La diana más alta se ha colocado en Engracia Hidalgo, concejal de Hacienda. Podemos pidió su imputación por prevaricación por firmar el convenio con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios que permitió pagar a los comisionistas a través de dicha compañía pública. El juez, que ha calificado de “sorpresiva” la solicitud del partido, descartó esta posibilidad el pasado viernes.

Así lo argumenta Carretero: “Resulta totalmente ajeno al procedimiento enjuiciar la naturaleza del convenio firmado por el Ayuntamiento y la Funeraria sin que exista prueba de que se utilizó ad hoc en estos contratos [con Medina y Luceño] para eludir el control de los pagos anticipados por la intervención municipal”. El magistrado remacha incluso que, de prosperar esta imputación de Hidalgo, debería citar a todos los firmantes del convenio, tanto del Ayuntamiento como de la Funeraria. “Lo que, además de descabellado, constituiría una investigación prospectiva”, incide en su resolución.

La responsable de Compras. Elena Collado, alto cargo del Consistorio y responsable de Compras durante la pandemia, mantuvo un contacto directo y habitual con los comisionistas. El juez la había citado a declarar como testigo el 9 de mayo, pero suspendió la cita después de que el PSOE, Más Madrid, Podemos y Grupo Mixto solicitaran que acudiera como imputada por delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Ella firmó, en nombre del Ayuntamiento, los contratos con la empresa asiática Leno, que suministraba el producto que Luceño y Medina colocaron a la Administración.

Tras evaluar la petición, Carretero descartó imputar a Collado y la ha vuelto a citar como testigo el 27 de mayo. “Ninguna prueba existe de que se apropiase de dinero público o permitiese que los investigados se apropiasen del mismo, máxime cuando el Ayuntamiento pagó un precio por un material sanitario que, aunque fuese defectuoso en parte, fue entregado al mismo. Siendo fijado el precio por los investigados que, repetimos una vez más, ocultaron a Collado el importe de sus altas comisiones”, dice el juez, que considera que la alto cargo “fue engañada” y “actuó de buena fe porque tenía la imperiosa necesidad de traer material sanitario para evitar más muertes por covid”.

El primo del alcalde. La oposición también pidió imputar a Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde, que ejerció como intermediario entre Medina y el Ayuntamiento. Según afirmó el familiar del regidor, tras recibir una llamada de una antigua profesora universitaria del hermano del duque de Feria se puso en contacto con el empresario y le facilitó un contacto del Consistorio. Según su versión, que respalda la del Gobierno de Almeida, le dio un correo electrónico genérico. Pero, según Medina, le proporcionó el de la propia Collado.

Carlos Martínez-Almeida acudió a declarar la pasada semana, pero lo hizo como testigo después de que el juez descartase su imputación por tráfico de influencias. “Se limitó a proporcionar a Medina” el contacto del Ayuntamiento, dijo el magistrado.

El gerente. El pasado 4 de mayo, Carretero ya descartó colocar bajo la lupa a Fernando Sánchez, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, cuya imputación había solicitado Más Madrid. Fue el primer cargo al que apuntó la oposición. La formación le atribuyó un presunto delito de falsificación por aportar al ministerio público unas “cartas de encargo” del material adquirido diferentes a las facilitadas por el Ayuntamiento, pese a que “deberían ser exactamente iguales”. Según este partido: “Todo hace indicar que, posiblemente, estas modificaciones a posteriori se hicieron para hacer desaparecer u ocultar cualquier vinculación del cargo político”.

El juez rechazó esa tesis, en línea con la Fiscalía: “Si constan diferencias […], ninguna afecta a elementos esenciales de los documentos […] No consta, además, que las modificaciones las haya hecho el gerente, ni que se hiciesen con objeto de dificultar las investigaciones de la Fiscalía”.

Enlace de origen : La oposición naufraga en su intento de cercar a Almeida en la causa judicial contra Medina y Luceño