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Tras doce días de protestas que han estado a punto de provocar el colapso de los principales sectores productivos y la psicosis del desabastecimiento en los supermercados de productos básicos como la leche, la harina o el aceite, el Gobierno ha tratado de poner fin a la “huelga” versus “paro” de los transportistas. En la madrugada del viernes, y tras más de doce horas de negociación, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunciaba un acuerdo “histórico” con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que representa a las asociaciones mayoritarias de transportistas, para paliar la subida del precio del gasóleo y poner fin a los paros de los transportistas que se iniciaron el 14 de marzo.

Horas después, la ministra, desdiciéndose de sus declaraciones desde que estalló el conflicto, se reunía con Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante del paro, cuyos representantes nunca fueron convocados a la mesa de negociaciones pese a ser la detonante de las protestas. Pero de la reunión no salió ningún acuerdo en firme y la Plataforma ha anunciado que seguirán con los paros.

Un desacuerdo que, según fuentes del sector ajenas a la Plataforma y representados en el CNTC, avisan de que tras el acuerdo sellado en la madrugada del viernes, no será impedimento para que muchos de los autónomos y pequeñas empresas que han parado estos días vuelvan a la actividad. De hecho, otros colectivos del transporte han aceptado el pacto alcanzado con el Gobierno. El departamento de viajeros del CNTC, que congrega a las principales organizaciones empresariales del sector del transporte de viajeros, es decir, autobuses, autocares, taxis, VTC y ambulancias, ha desconvocado la manifestación que iba a tener lugar este domingo en Madrid y han anunciado que no se sumarán a la huelga como habían amenazado.

Al término de la reunión, Manuel Hernández explicó que la ministra ofreció impulsar una ley que podría estar en vigor en dos o tres meses, pero la Plataforma reclama medidas “provisionales” durante ese periodo de carencia, petición que no fue atendida. El líder de los paros reclamó que si arrancaban la actividad el lunes “sea sin perder dinero, y eso, a día de hoy, la ministra no lo garantiza, por lo que muy a nuestro pesar se mantiene la huelga de manera indefinida”, señaló.

Hernández explicó que, pese a que la ministra les trasladó la “preocupación” existente en la Administración por el paro y les pidió que vuelvan a la actividad el lunes, la Plataforma considera que las medidas acordadas esta madrugada con el CNTC “no cubren ni el 50% de las pérdidas que tenemos mensualmente, en este caso, necesitamos ayudas a la altura de las circunstancias”. “No podemos pagar por trabajar”, se quejó.

El líder de los paros anunció que este sábado seguirán las protestas “en muchas provincias” españolas y habrá marchas lentas “de manera pacífica”. En cualquier caso, aseveró que “la esperanza es lo último que se pierde”, a la vista de que “ya nos han reconocido y nos han recibido, que no es poco”. Preguntado sobre si la ministra les pidió disculpas por relacionarles de ultraderecha, desveló Sánchez le explicó que se refería solo a “casos puntuales” y que se disculpó enj cualquier caso por esa afirmación.

Tanto la titular de Transportes como otros miembros del gabinete de Pedro Sánchez (la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, entre otros) minimizaron la protesta días atrás, calificando a los instigadores de los paros como “ultras violentos” al servicio de la ultraderecha (Raquel Sánchez los llegó a relacionar con Vox) y de los intereses de Putin por desestabilizar las democracias occidentales con sus protestas.

Unos sectores “ultras” y “minoritarios” que han estado a punto de parar el país y que demandaban medidas eficaces e inmediatas para paliar el incremento del gasóleo que estaba arruinando su actividad y les hacía a trabajar a pérdidas. La incidencia de los paros se evidenció cuando desde las patronales de sectores tan diversos como la alimentación, la automoción o la construcción lanzaron un SOS alertando de la parada de factorías por falta de suministros. Los consumidores escucharon esa alarma y se lanzaron a compras masivas vaciando los estantes. Ante la alarma ciudadana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que terciar y dar vía libre a que se adelantara un acuerdo con los transportistas, antes de quer se anunciara el paquete de medidas del Gobierno contra la carestía energética el próximo 29 de marzo.

Paquete de medidas

Las medidas acordadas con las asociaciones mayoritarias son casi un calco de las aplicadas por Francia la pasada semana y reclamaban a gritos como referencia los transportistas, incluyendo los de la Plataforma. El Ejecutivo se compromete a subvencionar con 20 céntimos de euros cada litro de gasoil, un descuento que se aplicará desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, aunque con carácter prorrogable según la evolución del precio del carburante.

Esta bonificación supondrá una inyección de fondos de 600 millones para el sector que, junto con las ayudas directas por cada vehículo, eleva el montante de las medidas a un total de 1.050 millones de euros, según el cálculo de Transportes. La bonificación se aplicará al gasóleo, gasolina, gas y al aditivo adblue (que reduce la contaminación), y un 75% correrá a cargo del presupuesto público (15 céntimos por litro) y el resto deberán costearlo las petroleras (5 céntimos). Es decir, que el Estado pondrá en torno a 450 millones y las empresas, a las que no se ha consultado esta solución, los 150 millones restantes.

Con este descuento, un camión de gasóleo ahorrará más de 700 euros al mes, según el cálculo del Gobierno. Se solicitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que supervise que esta bonificación se traslada en los precios minoristas.

Asimismo, se concederán ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). La cuantía tendrá un límite de 400.000 euros por empresa.

Otra disposición es la ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta entre 8 y 10 años, así como la ampliación del periodo de carencia de esos créditos en seos meses y una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia.

Entre las medidas sociales, se duplica el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista, que pasará de 10 a 20 millones de euros en 2022. El sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo, con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir 65 años. El ministerio destina ayudas por autónomo de 30.000 euros y, gracias al acuerdo alcanzado, duplicará dichas cuantías para ayudar así a un mayor número de autónomos a poder afrontar el abandono de la actividad, según Transportes.

Antes del 31 de julio, además, el Ministerio de Transportes se compromete a presentar al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, para posteriormente presentarlo al Consejo de Ministros. Con esta medida, se quiere garantizar que ningún porte se haga por debajo del precio de coste.

Las dos partes también han acordado adelantar la aprobación de otra reclamación histórica del sector, como es la devolución mensual del gasóleo profesional, en lugar de anual, como está actualmente, yendo más allá de los compromisos asumidos en diciembre de 2021, que ya redujeron el plazo a trimestral. Y es que los transportistas ya gozan actualmente una bonificación sobre el precio del gasóleo mediante un mecanismo de devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos para los transportistas, que se aplica en toda España de forma unificada desde el 1 de enero de 2019: 4,9 céntimos o 49 euros por cada 1.000 litros consumidos, consumo máximo de 50.000 litros por vehículo y año, es decir 2.450 euros. Para tener derecho a ese descuento hay que ser poseedor de una tarjeta autorizada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acreditando la actividad profesional como transportista. Hasta ahora los beneficiarios con derecho a la devolución debían presentar a Hacienda durante el primer trimestre del año siguiente a la finalización del año natural, una declaración anual con el número de kilómetros recorridos de cada uno de los vehículos de su titularidad que hayan estado inscritos en el censo de beneficiarios en el año anterior.

Concretamente, se producirá el pago mensual del combustible profesional desde abril y se pondrá en marcha un sistema de devolución anticipada mensual con regularización anual. Asimismo, se acelerará la devolución del céntimo sanitario.

Enlace de origen : La plataforma de transportistas que inició la huelga mantiene los paros tras la reunión con la ministra