La secretaria de Camps despliega una defensa cerrada de su jefe en el juicio de Gürtel
La secretaria de Francisco Camps, Susana Fayos, ha desplegado una defensa cerrada de su jefe durante el juicio que se celebra contra él en la Audiencia Nacional, que se ha reanudado este martes tras dos meses de parón. La trabajadora, que sigue bajo las órdenes del exdirigente del PP como asesora de la oficina del expresidente valenciano, ha respaldado la tesis del principal acusado en la vista oral y ha negado que Camps mantuviera una relación habitual con Álvaro Pérez, El Bigotes, quien fuera el hombre de la trama Gürtel en la comunidad. Según ha repetido la testigo, que ha incurrido en alguna contradicción, nunca vio reunirse a los dos, nunca los escuchó hablar, y el nombre de Pérez ni siquiera se registró nunca en la agenda del president.
Fayos lleva a la vera de Camps dos décadas. Según ella misma ha relatado, se convirtió en su secretaria particular en julio de 2003, tras la llegada del popular a la Presidencia de la Generalitat. Le acompañó durante toda su andadura al frente del Govern. Y, tras la dimisión del jefe del Ejecutivo en 2011, pasó de inmediato a ocupar el puesto de “asesora” en la oficina del expresident. Sin embargo, a preguntas del abogado de Camps, ha querido subrayar que no mantiene una “relación de amistad” con su jefe.
La defensa del exdirigente del PP ha centrado buena parte de sus cuestiones en intentar demostrar que Camps no mantenía una “estrecha relación” con El Bigotes, como apuntan la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular. Estas afirman que el presidente, debido a ello, abrió las puertas de la Generalitat a la trama Gürtel y les favoreció en la concesión de contratos. Una tesis que el popular negó en su interrogatorio y que su abogado intenta reforzar ahora con el testimonio de su secretaria.
Entre sus funciones, Fayos ha relatado que gestionaba las llamadas telefónicas de Camps y le ayudaba para que pudiera cumplir con su agenda diaria, a la que ella tenía acceso. En todo ese tiempo, ha asegurado que nunca tuvo “conocimiento” de Álvaro Pérez, y que nunca los vio reunirse en el Palau de la Generalitat.
—¿En esa agenda pública y personal estuvo anotado el señor Ávaro Pérez? —le ha preguntado el letrado del expresidente.
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—No. Cuando empezaron a aparecer las primeras noticias en prensa, en 2008, 2009… empecé a consultar todas mis bases de datos. Y no tenía ninguna referencia de este señor, aunque tenía su teléfono en mi agenda de contactos. Entiendo que ese número lo tenía por referencia del partido [El Bigotes organizaba los actos del PP valenciano].
Pero posteriormente, a pregunta de la acusación popular, la secretaria ha afirmado que sí había registrado que Camps acudió a la boda de El Bigotes. “Era explícita porque yo me apunté que el presidente había asistido al convite”, ha dicho.
Fayos ha negado igualmente que Camps se reuniera con Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano, en el Palau: “En Presidencia no se hicieron reuniones de partido”. La defensa busca así desacreditar la palabra de Costa, que contó al tribunal que el jefe del Ejecutivo y El Bigotes mantenían una estrecha relación; y que, incluso, él mismo comió en varias ocasiones en el Palau con los dos: “Yo veía la relación personal que tenían. Camps y Pérez me lo decían. Yo he comido con ellos en el Palau de la Generalitat, y hablaban de encuentros familiares […] Pérez podía pedirle a Camps cualquier cuestión. No me necesitaba a mí”, declaró quien fuera mano derecha de Camps.
Un perito no quiere declarar
Por su parte, antes de comenzar los interrogatorios de este martes, el tribunal ha rechazado la petición de Jesús Emilio Torrejón Puchol, director general de la Abogacía General de la Generalitat en la etapa de Camps, de no acudir a declarar al juicio el próximo 25 de septiembre. “El tribunal entiende que no tiene capacidad legal para abstenerse. Hay orden legal para que comparezca y tiene la obligación. Que luego exprese lo que quiera en la vista”, ha dicho el magistrado José Antonio Mora.
Como ha avanzado EL PAÍS este martes, Torrejón envió un escrito a la Audiencia Nacional donde expresa que no quiere testificar como perito en el juicio, y relata cómo el Govern del PP lo utilizó en 2010 para que elaborara un informe que exculpara a la Administración popular. Según cuenta, confeccionó ese documento ad hoc por órdenes de sus entonces superiores para contrarrestar las conclusiones de los investigadores de Gürtel, sin tener acceso ni siquiera a los contratos a los que se refería.
El fiscal pide dos años y medio de cárcel para el expresidente regional por fraude y prevaricación en la adjudicación de contratos a la trama Gürtel, que anidó en el seno del PP y que desembarcó en la Administración valenciana en época de Camps (2003-2011). Las acusaciones se esfuerzan en demostrar que el jefe del Ejecutivo se situaba en la cúspide de la trama y que buena parte del resto de los procesados —se sientan en el banquillo otras 25 personas, incluidos tres exconsejeros de sus gobiernos y una decena de técnicos de la Administración— ejercía de correa de transmisión y ejecución de sus órdenes originarias.
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