Las víctimas tendrán una vía directa para asesorar al defensor en su investigación sobre los abusos en la Iglesia
Las víctimas contarán con una vía directa para asesorar al Defensor del Pueblo en su investigación sobre la pederastia en la Iglesia española, según ha informado ese lunes el titular de la institución, Ángel Gabilondo, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en la que ha comparecido a petición propia para “dar cuenta” del trabajo que ha realizado hasta ahora sobre este asunto. Este canal de asesoramiento se llamará Foro de Asociaciones, un espacio donde los representantes de las organizaciones de víctimas de abusos que lo deseen aportarán “su experiencia y posiciones a través de diferentes sesiones de trabajo” para reunir indicaciones y recomendaciones que, posteriormente, el defensor pueda incorporar en el informe final que el Congreso de los Diputados le encargó hace tres meses.
Gabilondo también ha anunciado la creación de dos equipos de trabajo. El primero, una comisión asesora formada por 17 especialistas y tres miembros de la oficina del Defensor del Pueblo, el mismo Gabilondo y sus dos adjuntas, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena. El resto de integrantes son asesores externos del ámbito profesional y académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en victimología. Entre ellos, destacan Miguel García-Baró López, catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas y coordinador del Proyecto Repara —oficina de atención a víctimas de abusos de la Archidiócesis de Madrid—; María Jesús Raimundo, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; Letizia De la Hoz, letrada y abogada de Derecho canónico por la Nunciatura Apostólica; Lourdes Menacho Vega, Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales; María Vilches Fernández, fiscal y letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial; Julián Carlos Ríos, abogado penalista y mediador en procesos de justicia restaurativa en delitos de terrorismo y en abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica; Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y coautor del informe Abusos sexuales en la Iglesia Católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional y la también coautora del mismo informe Gema Varona, profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco. El trabajo de este grupo consistirá en recopilar los testimonios recogidos, valorarlos y analizarlos, con el objetivo de elaborar un informe que refleje la dimensión real del problema de los abusos en la Iglesia y su encubrimiento. “La comisión asesora no es un tribunal”, ha matizado Gabilondo.
El otro equipo será una unidad integrada por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas. Todas ellas tendrán experiencia en este tipo de entrevistas. El defensor ha anunciado que dispondrá de un piso en Madrid donde se abrirá una oficina dedicada a la atención de las víctimas. Un local fuera de la sede de la institución que garantice la privacidad durante el proceso de escucha de los supervivientes de pederastia. Del mismo modo, habilitará un buzón electrónico —accesible desde su página web— y un teléfono de contacto. La función de este equipo, según ha dicho Gabilondo, es la de recopilar datos para el informe, pero no será “una unidad de terapia de las víctimas”. Sin embargo, el defensor ha enfatizado el papel central que tienen quienes sufrieron abusos en todo el proceso de investigación, en el que se buscará un trato cercano. Los trabajos comenzarán, previsiblemente, a comienzos de julio.
El defensor también ha solicitado a EL PAÍS acceso a los casos de pederastia en la Iglesia Católica que haya verificado desde 2018, cuando comenzó su investigación periodística sobre este tema, con el fin de incorporar ese material a la elaboración de dicho informe. Entre los datos solicitados se encuentran los dos informes que el diario ha entregado al Vaticano y a la Conferencia Episcopal Española (CEE); el primero, el pasado diciembre, con 251 casos inéditos y el segundo, la semana pasada, con 278 testimonios que señalan 200 casos nuevos, además de a otros 44 sacerdotes que ya habían sido denunciados anteriormente. Hasta ahora han salido a la luz al menos 840 casos y 1.594 víctimas de pederastia clerical, según la contabilidad que lleva este diario a falta de datos oficiales.
En cuanto a la fecha límite para entregar el informe al Congreso, Gabilondo no ha avanzado nada. No obstante, sí ha precisado que comparecerá periódicamente en la comisión mixta del Congreso y el Senado para ir informando sobre sus avances. En principio, también prevé presentar un documento en 2023, antes de que acabe la legislatura, para resumir lo investigado hasta ese momento, aunque el trabajo proseguirá hasta que sea necesario. El cargo del Defensor del Pueblo no culmina con la legislatura, sino que fue elegido el pasado noviembre por un periodo de cinco años.
El objetivo principal del informe encargado por el Congreso es determinar los hechos, establecer formas de reparación, que pueden explorar las posibilidades de la responsabilidad civil, y sugerir propuestas de actuación y recomendaciones de cambios legales para mejorar la atención de las instituciones hacia este problema. De momento, no se ha especificado si se realizará un estudio sociológico sobre los datos recabados. En Francia, la comisión encargada de abordar esta cuestión elaboró un informe a través de una encuesta donde se calculó que al menos 330.000 franceses fueron víctimas de la pederastia clerical desde mediados del siglo pasado.
La relación de la Iglesia con la investigación del defensor sigue siendo un interrogante. Gabilondo ha dicho durante la comparecencia que, en un primer momento, solicitó a los obispos que formasen parte de ella, pero que dieron un paso atrás. Los obispos afirmaron el pasado abril que no formarían parte de dicha comisión, justificando que no podían ser “juez y parte” en este tipo de iniciativas. No obstante, tanto el presidente de la CEE como la CONFER (Conferencia Española de Religiosos) han añadido que “colaborarán en todo lo que les pida”. Paralelamente, el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo —bufete al que los obispos españoles le han encargado una auditoria sobre la pederastia en la Iglesia en las últimas décadas— se ha mostrado abierto a cooperar. Los trabajos de este bufete han atendido en los últimos dos meses unas 60 denuncias de víctimas, aunque la mitad corresponden con hechos que sucedieron fuera del ámbito eclesiástico.
Tanto el acceso a los archivos eclesiásticos como a las declaraciones de los posibles responsables —obispos, superiores de órdenes, miembros del clero, etcétera— es esencial para que el defensor desarrolle un informe completo del problema. No obstante, ni las diócesis ni las congregaciones están obligadas a abrir sus archivos, ni tampoco a entregar los datos de los casos que han conocido o juzgado en sus propios tribunales, un derecho recogido en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede vigente desde 1979.
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