Los mensajes de móvil que alertaron a la oposición: “Os hago llegar un caso de corrupción del hermano de Ayuso”
El contrato bajo sospecha que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso, epicentro de la crisis interna que se ha desatado en el PP, ya se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Más Madrid y el PSOE, los dos principales partidos de la oposición en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, han presentado este viernes sendos escritos ante el ministerio público para pedir que se investigue. En su denuncia, Mónica García, portavoz de Más Madrid, relata que recibió en noviembre de 2021 una batería de mensajes de móvil anónimos donde ya les alertaban de posibles irregularidades: “Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso”, rezaba uno de ellos.
García detalla que recibió esas comunicaciones el pasado 7 de noviembre. Para entonces, el PP ya había comenzado a moverse. Según han admitido las dos partes enfrentadas, Pablo Casado llamó a capítulo a Ayuso y mantuvieron dos reuniones —en septiembre y el 20 de octubre— para abordar el asunto. Según el presidente del partido, la información sobre la adjudicación sospechosa les llegó a finales de verano y tuvo en sus manos un dosier que contenía “datos fiscales y bancarios”, por lo que “se podía inferir que venía de alguna institución pública”. Aunque Casado ha negado que el remitente del informe fuera La Moncloa, y ha repetido que así lo confirmó, preguntando sobre ello al Ministerio de la Presidencia.
El acuerdo sospechoso es una adjudicación a la empresa Priviet Sportive S. L., a la que la Comunidad otorgó en abril de 2020 un contrato directo de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas. Al frente de esa compañía se encuentra un amigo de la infancia de los Ayuso y, según ha admitido la presidenta, su hermano mantuvo una “relación comercial” con esa sociedad. En un primer momento, Ayuso no aclaró en qué había consistido esa transacción, pero este viernes ha emitido un comunicado donde admite que su familiar cobró al menos 55.850 euros, más IVA, por “las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”. “Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, dice la nota.
Sin embargo, Casado ha puesto otra cifra sobre la mesa y baraja que el hermano de la política ejerciera como intermediario para obtener el contrato: “Yo creo que no es ejemplar. Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno”, ha dicho el presidente del PP: “Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que hay un tráfico de influencias”, ha remachado, antes de añadir que no tiene pruebas y que, por ello, la dirección nacional no ha acudido a la justicia.
Pero la oposición ya ha movido ficha este viernes. Junto a su escrito, Más Madrid aporta los 11 mensajes anónimos de móvil que recibió en noviembre y que conforman el siguiente texto: “Querida Mónica, querido Íñigo. Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso. Recurro a vosotros porque no sé como denunciarlo a Anticorrupción ni me puedo exponer personalmente. En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrató de 1,5 millones para Epis y mascarillas de Ifema. Lo hizo a la empresa Priviet Sportive, de Daniel Alcázar, amigos de los Ayuso. Una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE días antes. Y cuando ingresó los pagos de la CM hizo transfer [sic] por valor de 300.000 euros a Tomás Díaz Ayuso. El concepto de esas transfer es ‘intermediación Comunidad de Madrid’. Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcázar es un testaferro de Tomás Ayuso. Es un delito, sino son muchos [sic] y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas. En vuestra mano está que no quede impune”.
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Según explica Mónica García, tras recibir esos mensajes, el responsable jurídico del partido estudió la información a fondo, pero no contaban con elementos “suficientes” para “darle veracidad”: “Ello se debió, principalmente, al origen anónimo de la denuncia y las informaciones tan laxas que de la misma se desprendían. Pese a ello, se trasladó a los diputados de la formación en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en la Asamblea de Madrid”, recoge el documento enviado a Anticorrupción, donde se insiste en que la formación no tenía entonces bastantes “indicios” para emprender una acción penal. Aun así, Más Madrid tomó la iniciativa en la Cámara y pidió varias comparecencias, como la del hermano de Ayuso y la del administrador de la empresa bajo sospecha. Pero la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, rechazó todas.
El PSOE también carga las tintas en su denuncia ante Anticorrupción por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. “Resulta evidente que los controles preventivos no parece que hayan funcionado en los supuestos relatados, ante una supuesta intermediación, retribuida y directa de un familiar, precisamente, de la presidenta del Consejo de Gobierno y de la Administración que adjudica el mismo. En claro conflicto de intereses personales, lo que lleva a la consideración de fuertes indicios de la posible comisión de graves delitos de corrupción en las contrataciones antes relatadas”, subrayan los socialistas.
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