Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional prometen sus cargos ante el Rey
Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel han prometido este jueves por la mañana ante Felipe VI sus nuevos cargos como miembros del Tribunal Constitucional. Valcárcel ha sido el primero de ellos y ha optado por emplear la fórmula de prometer su cargo. Le ha seguido Arnaldo, quien ha jurado el cargo, al igual que Espejel. La última ha sido Montalbán, que se ha inclinado por la promesa. A las 12.00, los cuatro acudirán a tomar posesión a la sede del alto tribunal, en Madrid. La ceremonia tiene lugar después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara este jueves su nombramiento y después también de que el pleno del órgano de garantías se reuniera esta semana para verificar que los cuatro candidatos cumplían con los requisitos exigidos para su nombramiento. Cada uno de los aspirantes recibió el apoyo de nueve de los actuales miembros del pleno. Según fuentes del Constitucional, los cuatro candidatos también cosecharon —en votación secreta— un voto contrario a su idoneidad para el cargo.
El tribunal ha señalado en un comunicado que se corroboró que los cuatro nuevos juristas propuestos para magistrados, designados por el Congreso, cumplían con los requisitos exigidos por la Constitución. La verificación tuvo lugar a las pocas horas de que el pleno del Congreso aprobara por mayoría cualificada de más de tres quintos los nombramientos de los cuatro candidatos. La votación llegó salpicada por la polémica suscitada en torno al nombre de uno de los aspirantes, Enrique Arnaldo, por sus trabajos para la fundación FAES —la fundación encabezada por José María Aznar y que marca la línea de pensamiento más dura de los populares— y por aparecer en los sumarios de dos causas de corrupción vinculadas al PP: el bautizado como caso Palma Arena —si bien se archivó la investigación contra él— y el caso Lezo, la trama que tiene como epicentro al expresidente madrileño Ignacio González.
Arnaldo, que fue propuesto para el Constitucional por el PP, aparece en el sumario del caso Palma Arena debido a los trabajos de la empresa Estudios Jurídicos y Procesales, un bufete de abogados que era propiedad del jurista, que facturó trabajos para administraciones gobernadas por los populares por 979.000 euros. Esos trabajos aparecen detallados en un informe de Hacienda con el que el juez balear José Castro pretendía determinar si el expresidente balear Jaume Matas amañó un contrato de la empresa de estudios jurídicos.
El acuerdo entre PP, PSOE y Podemos para renovar a los cuatro miembros del Constitucional —y también otras instituciones, como el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas— ha provocado tensiones en los partidos de la izquierda. El diputado socialista Odón Elorza rompió la disciplina de voto de la formación y rechazó dar su apoyo a Arnaldo “en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones, del TC y del Congreso”. Dos diputadas de Podemos, Gloria Elizo y Meri Pita, también expresaron su discrepancia con la decisión de aceptar a los candidatos del PP —la otra es Concepción Espejel, que en 2009 consideró inconstitucional la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que fue recusada del caso Gürtel por su cercanía a los conservadores—, aunque finalmente Elizo respetó la disciplina de grupo y dio su apoyo a los nombramientos.
Tanto PSOE como Podemos han justificado el acuerdo con el PP como el paso previo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, un órgano que lleva más de tres años con el mandato caducado. La intención del Gobierno de coalición es que esta institución tenga una mayoría progresista, fruto de las elecciones generales de 2019, y deje de tener una mayoría conservadora que no se ajusta al resultado de las urnas. El otro argumento de los partidos que forman el Ejecutivo para defender su apoyo a Arnaldo y Espejel es que supone el primer paso para la renovación completa del Constitucional, en junio de 2022, con cambio de mayoría, del 7-5 conservador de ahora a un 7-5 progresista. Sin embargo, si el PP sigue bloqueando la renovación del Poder Judicial, que también elige a dos de los cuatro miembros del Constitucional que hay que renovar el próximo junio, todo el coste político de asumir a Arnaldo habrá sido infructuoso.
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