Los trabajadores del metal en Cádiz respaldan el acuerdo y desconvocan la huelga tras nueve días de movilizaciones
Las calles de Cádiz han amanecido este jueves con una estampa bien distinta a la de los últimos nueve días: ni piquetes informativos, ni barricadas ardientes, ni cargas policiales a golpe de pelotazos de goma y tanqueta. El pacto alcanzado al final de la noche del miércoles entre patronal y sindicatos del sector del metal se ha traducido en normalidad en los principales centros de trabajo, después de que UGT y CC OO hayan desconvocado la huelga indefinida con el aval “de la mayoría”, según han asegurado ambas organizaciones en un comunicado. Con todo, las fuerzas minoritarias CGT y CTM han mostrado su rechazo a lo que han denominado un “acuerdo de migajas” y piden continuar con el paro, aunque reconocen que no saben precisar cuántos trabajadores han optado por seguir su llamamiento.
A primera hora de esta mañana, la actividad ha vuelto a lo habitual en los 6.000 centros de trabajo que aglutinan a 30.000 trabajadores en la provincia —según datos de la patronal—, después que las condiciones del nuevo convenio hayan sido aprobadas por la mayoría de las distintas asambleas. Así ha ocurrido, por ejemplo, en las tres factorías que Navantia tiene en Puerto Real, Cádiz y San Fernando, según han confirmado fuentes de la compañía. De madrugada, tanto los delegados de UGT como CC OO —sindicatos mayoritarios y negociadores en la mesa— ya habían aprobado por amplia mayoría el fin de las movilizaciones. Con todo, desde la patronal se han mostrado cautos sobre el fin de la huelga, a la espera de que se pronuncien los empleados de los turnos de tarde y de saber cuánto seguimiento puede tener la arenga de CGT y CTM a continuar con la huelga.
La letra pequeña del acuerdo entre patronal y sindicatos no ha trascendido hasta la mañana de este jueves, después de que lo conocieran los trabajadores. El nuevo convenio tendrá una duración de tres años y culminará al final de 2023, aunque tendrá una “ultraactividad ampliada de dos años desde su vencimiento”, tal y como recoge el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. Esa ha sido una de las cesiones de los sindicatos, que buscaban un pacto de un solo año de duración. A cambio, los empleados han conseguido una actualización salarial del 2% anual en ese periodo y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, fecha del fin del anterior acuerdo. Una vez se conozca el IPC real de este año, se contempla actualizar las tablas salariales con el 80% de la diferencia entre ese IPC y el 2% pactado, aunque sin que esa actualización genere atrasos.
En la práctica, supondrá que, a primeros de 2022, a los trabajadores fijos se les actualicen los salarios con una subida del 4,4%, si los precios de consumo se mantienen en el 5,3% actual. Esa fórmula de compensación del 80% de la diferencia entre lo pactado y el IPC se mantendrá para los venideros años, aunque reconociendo la retroactividad de ese porcentaje. Si el 1 de enero de 2024 existiese alguna disparidad entre la subida del 2% y el IPC de entonces, la patronal se compromete a reconocerlo en las tablas salariales a partir de ese momento y como “base al siguiente convenio”. La inclusión de la carestía de la vida en el acuerdo era uno de los caballos de batalla de los sindicatos y de mayor fricción con la patronal, hasta el extremo de que ha sido el principal motivo que ha llevado a que la huelga se extienda durante nueve días.
Una comisión de seguimiento
El pacto supone también la creación de una comisión de seguimiento entre patronal y sindicatos que se reunirá cada tres meses para analizar el grado de cumplimiento de lo pactado. Esa nueva figura será clave para los empleados eventuales, uno de los problemas de un sector marcado por la temporalidad de buena parte de sus trabajadores. Para ellos, el convenio solo recoge la subida del 2% sin el mecanismo de compensación, dada la complejidad de reconocerle un cálculo retroactivo por un año completo, cuando solo están de alta unos meses. Sin embargo, la comisión servirá para controlar “la eventualidad y en particular al control horario, las horas extras y el abono de los atrasos” que se hayan podido generar en esas subidas del 2%, tal y como recoge el acuerdo y confirma Juan Linares, secretario de Industria de CC OO en Cádiz.
Ambas partes asumen haberse dejado pelos en la gatera en unas negociaciones que han sido especialmente duras e intensas, aunque se muestren satisfechas con lo logrado. Mientras la calle ardía fuera, la Federación de Empresarios del Metal (Femca) ha acabado por descartar los recortes económicos que planteó en el inicio y que soliviantaron a una plantilla que ya venía de sufrir pérdidas en los dos anteriores convenios, según han denunciado estos días muchos de los manifestantes. Por su parte, UGT y CC OO asumen que la actualización al IPC no será tan inmediata como pretendían, pero sí parecen conseguir a la larga que el trabajador mantenga el poder adquisitivo, una de sus máximas principales.
Pero no lo ven así los sindicatos CGT y CTM, ausentes en la mesa de negociación al no contar con representación. Ambos han publicado un duro comunicado en el que aseguran estar ante un “acuerdo de migajas”. Para ellos, esa cadencia de tres años hasta recuperar el 20% restante entre la subida y el IPC supone una merma en los salarios. “Se entrega a la patronal todo el poder y capacidad para hacer lo que le venga en gana”, denuncian.
De ahí que ambas fuerzas hayan pedido a los trabajadores que mantengan la huelga dos días más y se sumen el viernes a las 10.00 a una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes en Cádiz contra la violencia policial. “No nos planteamos el fin y animamos a los trabajadores que se sumen”, apunta Antonio Muñoz, secretario permanente del Naval de CGT. Con todo, Muñoz asegura desconocer cuántos trabajadores han apoyado el fin de la huelga y cuántos se plantean continuar. “Las asambleas se han hecho al salir. Ni se están levantando actas de las reuniones, en plan compadre”, ha denunciado el sindicalista.
Mientras, el fin de la huelga ha generado una ola de reacciones mayoritariamente positivas de los distintos partidos políticos, tanto a nivel nacional, como regional y local. Solo la aseveración de la ministra de Industria, Reyes Maroto, de que su mediación “silenciosa” ha hecho posible el acuerdo, ha despertado una airada queja de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, árbitro legal y convocante de las distintas mesas de negociación en estos días. De fondo, quedan aún las peticiones de dimisión de Adelante Andalucía y Adelante Cádiz contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, por el uso por parte de la Policía Nacional de una polémica tanqueta militar en mitad de una barriada obrera de Puerto Real.
La duda de un estallido social
J. A. Cañas
Los nueve días de huelga, con imágenes de cargas policiales, barricadas e incluso tanquetas, han dado la vuelta a España. De paso, muchos gaditanos han brindado su apoyo a unas movilizaciones en un sector, como el del metal, históricamente combativo. La solidaridad se ha materializado también al calor de los problemas socioeconómicos que sufre la provincia desde hace décadas. En estos días de protestas -el martes por la mañana llegaron a darse cita más de 4.000 ciudadanos en las calles, según los convocantes, pese a ser un día laborable- se ha destacado la alta tasa de paro (más de un 23%, la segunda más alta del país por detrás de Huelva), la precariedad laboral o la excesiva dependencia creciente del sector del turismo, marcado especialmente por la estacionalidad. La duda está en saber si todas estas quejas tendrán recorrido una vez que los trabajadores del metal abandonen las calles.
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