Los últimos líderes de Resistencia Galega aceptan 28 años de cárcel por terrorismo
Antón García Matos y Asunción Losada, considerados los dos últimos líderes de la banda terrorista Resistencia Galega, han aceptado este lunes una condena de 28 años y 3 meses de cárcel en el juicio celebrado contra ellos en la Audiencia Nacional. Los dos dirigentes han ratificado así el pacto cerrado con la Fiscalía, que pedía inicialmente 51 años de prisión para ambos por encabezar este grupo con el objetivo de lograr la independencia de Galicia, “justificando el empleo de la violencia contra personas y bienes como único medio de lograr sus propósitos”.
La vista oral apenas ha durado cinco minutos. Con unos escuetos “sí”, tanto García como Losada han admitido las imputaciones de la Fiscalía, que le ha atribuido los delitos de participación en grupo terrorista en grado de dirigente, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y fabricación de explosivos. Otros dos acusados en el juicio, Xoán Manuel Sánchez y Miguel García Nogales, también han confesado su integración en la banda y han aceptado las penas pactadas: tres años de cárcel para el primero; y cuatro años y seis meses para el segundo.
Solo García Nogales ha ejercido su derecho a la última palabra en el juicio. “Considero que, ni a mí ni a mis hermanos, nos define el adjetivo de terroristas. Mi militancia nunca estuvo orientada al terror, sino todo lo contrario: al amor. Milito para regar el amor a Galicia, que es un país que está en peligro de extinción”, ha dicho.
A Matos y Losada, que fueron detenidos en 2019 al volver a Galicia tras permanecer escondidos en Portugal y Venezuela durante una década, se les considera los máximos responsables de Resistencia Galega, un movimiento armado que diseñaron en 2005 y que heredó la estructura del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, según los investigadores. El propio Tribunal Supremo confirmó en 2014 el carácter “terrorista” de esta banda, que busca “conseguir sus objetivos a espaldas de los mecanismos democráticos”: “Para la defensa del independentismo gallego, viene a admitir [el uso de] la fuerza y la violencia como el modo de conseguir sus objetivos, […] hallándose entre sus cometidos los ataque violentos contra patrimonios y personas con finalidad de subvertir el orden constitucional”, rezaba el fallo.
Según la memoria de la Fiscalía, Resistencia Galega no perpetra ningún atentado desde 2014. El último, cometido en octubre de ese año, consistió en la colocación de un artefacto explosivo en el Ayuntamiento de Baralla (Lugo), cuya deflagración destruyó parte de la Casa Consistorial del municipio y provocó daños materiales en edificios colindantes. El Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, que actuó de 1987 a 1991, dejó tres muertos en un atentado en la discoteca Clangor de Santiago de Compostela y asesinó a tiros a un guardia civil en Irixoa (A Coruña).
En el momento de su arresto, la Guardia Civil explicó que los dos dirigentes de la banda habían seguido dando órdenes a “un grupo de seguidores” durante su estancia en el extranjero. Según los investigadores, los contactos de ambos permitían a Resistencia Galega “mantener los conocimientos técnicos y la experiencia para la confección de artefactos explosivos”.
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