Mañueco se compromete a mantener la ley de violencia machista, que coexistirá con la nueva norma de “violencia intrafamiliar”
El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ha enfrentado este viernes, apenas 24 horas después de suscribir un pacto de gobierno con su nuevo socio, Vox, a una catarata de preguntas sobre la controvertida ley de “violencia intrafamiliar” que forma parte de ese acuerdo. Mañueco ha evitado precisar el contenido de la norma, que equipara la violencia contra las mujeres con otras violencias “del ámbito del hogar”, pero se ha comprometido a mantener la actual ley de violencia machista; esta, ha dicho, “sigue vigente” y se “modernizará”, aunque tampoco ha detallado de qué modo. Según el presidente en funciones, dicha ley “seguirá existiendo”, a la vez que se elevará a rango de ley el plan contra la violencia intrafamiliar que ya existía en la Comunidad desde 2019. Mañueco se ha mostrado sorprendido por las críticas del grupo conservador europeo a su pacto con la extrema derecha y ha asegurado que lo que ha hecho es lo que el exlíder del PP Pablo Casado le encomendó tras las elecciones del 13-F: mantener el gobierno. También ha ceñido el pacto con Vox a “este momento” y “esta comunidad autónoma”.
El dirigente popular ha comparecido ante los medios tras reunirse de forma telemática con los presidentes provinciales del PP de Castilla y León. Armado de paciencia, en su nuevo papel de socio de Vox, Mañueco ha intentado aclarar en qué consistiría esa ley de “violencia intrafamiliar”. Se tratará, según Mañueco, de una actualización del plan contra la violencia familiar que ya existía desde 2019 y cuya vigencia “expira en unos meses”. Sin embargo, tal normativa no incluye ahora expresamente ese concepto, vinculado al discurso negacionista de Vox sobre la violencia de género. “La apuesta es convertir ese plan en ley para dar una protección mayor para las personas que puedan sufrir violencia en el ámbito familiar, como mayores y niños”, ha dicho Mañueco, que insiste en que eso “en nada modifica” la ley vigente de violencia de género.
El presidente ha reiterado que “lo importante son las políticas” que garanticen “la atención a todo tipo de víctimas”, sin precisar actuaciones concretas. Sí ha añadido que también se “modernizará” la ley actual contra la violencia de género, suscrita en 2019, cuando gobernaba en solitario Juan Vicente Herrera. “Nada tiene que ver con el menosprecio o minusvaloración de la violencia de género, es complementario”, se ha defendido Mañueco, tras la insistencia de los periodistas para que especificara qué iba a aportar la nueva legislación a la lucha contra la violencia machista. El presidente de Castilla y León en funciones se ha ratificado en declaraciones hechas durante la campaña electoral en las que aludió a sus hijas, su esposa y otras mujeres de su familia como garantía de que no daría “ni un paso atrás contra la violencia machista”.
“Sorpresa” con las palabras de Casado
La alianza con la extrema derecha le ha valido al PP de Castilla y León la reprimenda de sus compañeros europeos, que han tildado de “capitulación” haberse unido a la extrema derecha. Mañueco ha leído las palabras exactas que el expresidente del PP, Pablo Casado, le dedicó en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional dos días después de las elecciones regionales: “Alfonso, cuentas con el respaldo de este comité ejecutivo para negociar la continuidad de este Gobierno de éxito”, ha recitado. Y ha expresado su “sorpresa” por la postura de Casado ante Tusk al defender que él había evitado durante su mandato los gobiernos de coalición con la extrema derecha. “Sorpresa. No puedo decir ni que sea crítica ni desaprobación: sorpresa”, ha insistido. “Estoy a disposición de Tusk para explicar que el acuerdo parte del acuerdo de las diferencias de los dos partidos, pero hemos encontrado un equilibrio”.
El próximo presidente de la Junta se ha enfrentado también a alguna pregunta sobre la “inmigración ordenada” que defiende el acuerdo sellado con el partido de Juan García-Gallardo. Ninguno de los dos había aclarado a qué se referían con ese concepto durante la conferencia de prensa de este jueves, porque el documento se facilitó cuando hubo terminado. “Inmigración ordenada es atender a las personas que permite la ley que puedan acceder a este país. [Castilla y León] es una tierra de acogida. No implica cambios”, se ha limitado a decir Mañueco, que prometió hace unas semanas que su Gobierno no sería “racista, machista ni xenófobo” y que ha reiterado que se acogerá a los preceptos del Estatuto y de la Constitución. “Vamos a atender a los migrantes que vengan a esta tierra y que respeten la ley”, ha manifestado en una de sus respuestas. La víspera de suscribirse la coalición, Vox planteó que la Policía, cuya competencia corresponde al Ministerio del Interior, contribuyera a identificar a las personas en situación irregular para proceder a su expulsión. Eso no figura en el acuerdo.
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El pacto menciona también que el Gobierno defenderá una educación pública libre de “adoctrinamiento ideológico”, tesis habitual en Vox. Mañueco ha considerado que en las aulas de su territorio no existe tal fenómeno ―algo en lo que, sin embargo, le ha parecido “importante hacer hincapié”―, y no ha aclarado si la alusión al adoctrinamiento implicará debatir la imposición del llamado pin parental que defiende Vox (la capacidad de veto de los padres de alumnos a la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros). El líder del PP también ha afirmado categóricamente que el decreto de Memoria histórica “no se va a tocar” y ha pedido tiempo para su futuro Gobierno, cuya composición aún se desconoce pero que tendrá a los ultras en tres de las 10 consejerías. “Que nos juzguen por lo que vamos a hacer, no por lo que crean que vamos a hacer. Hemos dado un paso muy importante, pero quedan muchos”, ha zanjado.
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