Manuel Eleuterio Liáñez, historia de una víctima olvidada
Poco antes de las once de la mañana del 13 de junio de 1962 estalló un artefacto explosivo frente a la delegación del Instituto Nacional de Previsión (INP) en la céntrica calle madrileña de Sagasta. A consecuencia de la onda expansiva falleció instantáneamente Manuel Eleuterio Liañez Benítez, de 71 años. Su cuerpo destrozado quedó tirado en mitad de la calle y un viandante colocó unos cartones para taparlo hasta que levantaran el cadáver. Otras dos personas, Antonio Jiménez y Julián García, resultaron heridas levemente.
La brigada político-social del régimen franquista pronto descubrió que la bomba procedía del grupo anarquista Defensa Interior, que acababa de iniciar una campaña de atentados que prolongaría hasta octubre de 1963. También identificó a la víctima: Manuel Eleuterio Liañez Benítez. Una primera hipótesis apuntó a la posibilidad de que el explosivo estuviera dentro de una cartera que el propio Liáñez tenía en sus manos; pero pronto se llegó a la conclusión de que lo más probable era que, al percatarse de la existencia del artefacto, que confundió con otro objeto, el hombre lo tocó y le estalló.
Su cadáver fue identificado por Manuela Aguado, dueña de la pensión en la que vivía Liáñez desde 1960 en la calle Calatrava de Madrid. Nadie reclamó el cuerpo. Vivía solo y no tenía familia. El sumario judicial se cerró a los seis meses, en diciembre. La prensa franquista apenas se hizo eco del atentado, y la muerte de Manuel Eleuterio Liáñez quedó así olvidada.
Un grupo anarquista de vida efímera
El grupo anarquista Defensa Interior tuvo una existencia efímera: sólo actuó entre 1962 y 1963. Había sido creado en el II Congreso Intercontinental de la CNT, celebrado en Limoges (Francia) en 1961. Su vida fue casi tan corta como la de otro grupo terrorista de la época, el DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), disuelto en 1964. Sólo ETA, surgida también en aquellos años, prolongó el terrorismo varias décadas. En año y medio de actividad terrorista, Defensa Interior hizo explotar 40 artefactos explosivos por toda España: el Vicariato General Castrense, bancos, periódicos, postes eléctricos, sindicatos verticales… Llegaron a colocar una bomba de 20 kilos en la cuesta de Aldapeta, en San Sebastián, para intentar asesinar a Franco, pero el plan les falló al retrasar el dictador su visita veraniega a la ciudad.
Además del que costó la vida a Manuel Eleuterio Liáñez, el atentado más grave —y el más conocido en su día— lo cometió el grupo el 29 de julio de 1963 en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol madrileña, dónde resultó herida de gravedad la adolescente de 15 años Carmen Anguita. Por ese atentado fueron detenidos, acusados y ejecutados dos anarquistas que no estaban implicados. En octubre de 1963, la nueva cúpula de la CNT paralizó la actividad de Defensa Interior, que fue disuelto en 1965.
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El desconocimiento sobre el caso de Liáñez empujó al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, inaugurado el pasado junio en Vitoria, a investigar sobre la vida de este hombre, pues uno de sus objetivos es reivindicar la historia personal de las víctimas del terrorismo, subraya su jefe de investigación, Gaizka Fernández. Después de esta labor de reconstrucción del caso, Manuel Eleuterio Liañez quedará registrado en el Memorial como la segunda víctima del terrorismo en España. El primero es la niña Begoña Urroz, fallecida en San Sebastián, en junio de 1960, por la explosión de una bomba del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación); y el tercero es el guardia civil José Pardines, asesinado por ETA en junio de 1968. La historia de ambas víctimas es muy conocida. No sucede lo mismo con la de Manuel Eleuterio Liañez. Nadie le había reivindicado hasta ahora. Y la consecuencia era que su nombre ni siquiera consta en el listado de víctimas del Ministerio del Interior.
El jefe de investigación del Memorial lo atribuye a que Liáñez vivía en la pobreza y subsistía con pequeños robos. Durante la República y la Guerra Civil había militado en el sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo). Paradójicamente, fallecería accidentalmente por la explosión de una bomba colocada por sus antiguos compañeros.
La historia de Liañez es la de un perdedor de sucesivas batallas, narra Gaizka Fernández. Nacido en Huelva en 1891, en el seno de una familia humilde, se trasladó a Sevilla, donde ejerció como agente comercial de la casa Larios. En 1934 se instaló en Madrid y se afilió a la CNT a través de un amigo andaluz, Fausto Catalán Sánchez. En su correspondencia consta su apoyo a la Segunda República. Durante la Guerra Civil fue responsable de un parque de intendencia del sindicato anarquista.
Según la investigación del Memorial, su influencia fue decisiva para salvar la vida a un empresario afiliado a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), Gregorio Ortiz Palacios, que regentaba un cine en Villaverde Alto. Ortiz había sido recluido en la checa de la calle Fomento, en Madrid, por un grupo de milicianos anarquistas, e iba a ser fusilado en cuestión de horas. Su chófer y su amigo Fausto Catalán pidieron a Liáñez que ejerciera su influencia en la CNT para salvar a Ortiz, al que no conocía. Lo consiguió.
Tras la Guerra Civil se pierde la pista de Liáñez. Se sabe que entre 1941 y 1942 trabajó como agente comercial para una compañía malagueña y entre 1956 y 1957 para Casa Requena de Játiva, por la declaración que hizo ante el Juzgado de Vagos y Maleantes tras ser arrestado por hurto el 23 de enero de 1959. Cumplió seis meses de prisión. Detenido de nuevo en octubre de 1959, fue encarcelado en Nanclares de Oca (Alava) y excarcelado en febrero de 1960. Dos años después falleció en el atentado anarquista de la calle madrileña de Sagasta.
Gaizka Fernandez resalta cómo el caso de Liáñez, un perdedor de la Guerra Civil, es el síntoma de un problema muy grave de aquella época —el de quienes, tras la contienda, acabaron malviviendo y recurriendo a la mendicidad o la delincuencia— que se reflejó en el aumento de los delitos contra la propiedad: en 1959, el año en el que fue arrestado Liáñez, se abrieron en España 52.697 causas por este motivo: el 44% del total. Un año antes, en 1958, habían sido 48.458 (43,5%); y en 1960, 54.441 (44,6%). Cuando Manuel Eleuterio Liáñez Benítez falleció, ya jubilado, vivía de una subvención de 400 pesetas mensuales y pagaba 300 por la pensión. Acudía a comedores de caridad para subsistir.
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