Marruecos bloquea la repatriación de los menores llegados en mayo a Ceuta
El Gobierno no avanza en su plan de repatriar a cientos de menores marroquíes que permanecen en Ceuta tras la entrada multitudinaria de miles de personas que se produjo el pasado mayo y que cumple seis meses esta semana. Después de un primer intento en agosto, que fue paralizado por la justicia tras constatar que habían sido devueltos a Marruecos 55 menores sin seguir el procedimiento legal, aún no se puede instruir un solo expediente para continuar con las devoluciones legalmente. El motivo, según fuentes conocedoras del proceso, es que Rabat no ha respondido a las solicitudes de información sobre la situación sociofamiliar de cada menor, un trámite fundamental para ejecutar cualquier repatriación. Sin la colaboración de Marruecos, el despliegue de recursos prometido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (medios materiales, fiscales, intérpretes y funcionarios) para enviar a los menores de vuelta a su país es papel mojado.
El escenario con el que se trabajaba en mayo ha cambiado mucho. Después de la entrada irregular de 10.000 personas y la multitud de devoluciones en caliente de niños y adultos en los primeros días, la Policía reseñó en la ciudad a algo más de 1.100 niños. La situación era crítica, no había recursos y muchos pequeños malvivían en las calles, y el Gobierno local presionaba al de Pedro Sánchez para devolverlos a sus casas. En agosto, con el apoyo de Rabat, las autoridades locales, la delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio del Interior aceleraron unas repatriaciones que, según denunció el Defensor del Pueblo y apuntó la fiscalía de la Audiencia Nacional, se saltaron todo el procedimiento legal. Entonces había acogidos unos 700 niños.
Esos números, sin embargo, han caído en picado y en los centros de acogida de Ceuta quedan en la actualidad 425 menores, según el Gobierno ceutí. Nadie ofrece una respuesta oficial sobre su paradero, pero una buena parte de esos chicos o ha huido a las calles con la intención de llegar a la Península o ya está en ella tras haberse jugado la vida en una barca o escondidos en un camión, según ha constatado este periódico y confirman las ONG sobre el terreno. En una céntrica plaza de Madrid, Jawad, uno de esos chicos, de 17 años, contó a EL PAÍS que se había colado en los bajos de un camión para llegar a Andalucía: “Ahora duermo en un parque”.
Otros muchos menores cumplieron los 18 años en estos meses o se demostró que ya eran mayores de edad cuando llegaron —casi 70— y un pequeño grupo consiguió reagruparse con familiares en otras provincias.
Tras el escándalo que se formó con las devoluciones de agosto, el Ministerio de Presidencia impulsó en septiembre un grupo de trabajo formado por seis ministerios con la intención de retomar las repatriaciones siguiendo, esta vez sí, el procedimiento. En esas reuniones se acordó enviar refuerzos a Ceuta para instruir expedientes y dar una mejor atención a los niños. También se consensuó el protocolo que debía seguirse para cumplir la ley.
Este protocolo, elaborado por Justicia pero con aportaciones de otros departamentos, deja claro en su primer artículo que antes de iniciar cualquier procedimiento de repatriación se necesita un informe de la representación diplomática del país de origen sobre las circunstancias familiares del menor. Así lo dicta el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Extranjería. Si no existe esa información sobre la familia, en el informe debe constar el “compromiso por escrito” de la autoridad competente de que asumirá la responsabilidad sobre el niño. Este documento se solicita a través de la Comisaría General de Extranjería y es Exteriores quien cursa la solicitud al consulado marroquí.
Ni Interior ni Exteriores han respondido a las preguntas de EL PAÍS sobre este asunto, pero distintas fuentes que acompañan el proceso confirman que no hay respuesta de Marruecos y que sin ella no se avanzará. Según las mismas fuentes, no había en el Ejecutivo grandes expectativas de completar muchos expedientes, pero con lo que no se contaba es con un bloqueo en su fase inicial.
Esta documentación no es la única que España reclama de Marruecos. El Gobierno tiene especial interés en que Rabat remita los informes sobre las 55 reagrupaciones familiares o tutela por los servicios de protección que se ejecutaron en agosto. Es parte de la defensa del Estado ante posibles procedimientos penales a los que se enfrenta. Tampoco aquí consta una respuesta.
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