Modernizar la carrera judicial para dignificar la justicia
Un buen funcionamiento del servicio público de justicia es necesario para la garantía de los derechos y de la igualdad entre ciudadanos. Un sistema judicial correctamente engrasado contribuye a la buena convivencia, la cohesión social y la seguridad jurídica. La defensa del Estado de derecho se juega, de manera importante, en el hecho que exista calidad en los tribunales y garantías de independencia e imparcialidad del poder judicial. Si bien esto es una evidencia, no parece que esta constatación se traduzca en hechos: el ámbito de la justicia tradicionalmente ha quedado relegado a un segundo plano. Tanto las demandas ciudadanas como la preocupación partidista se han centrado más en otras cuestiones. O bien, cuando actores políticos y sociales han hablado de justicia lo han hecho demasiado pegados a reivindicaciones corporativas de poco recorrido.
Esta realidad se ve reflejada en los presupuestos. Sin ir más lejos, debería hacernos pensar el mayor peso relativo que ha ido ocupando a nivel presupuestario el ámbito policial frente al judicial. Como señala el sociólogo Loïc Wacquant en Las cárceles de la miseria, esta fue una tendencia acentuada en el período de centralidad neoliberal y populismo punitivo, pero no ha dejado de estar presente en gran parte de los países occidentales. Por activa o por pasiva, por voluntad o por desidia, el servicio público de justicia se ha ido devaluando y desgastando. En una línea similar, el criminólogo John Brathwaite y el filósofo Philip Pettit señalan en No sólo su merecido que los tribunales deben contar con los recursos necesarios para garantizar el derecho a un juicio justo, que no pueden derivarse a otros servicios con la excusa de una mejor prevención del delito.
Una simple exploración del sistema judicial descubre importantes retos. Revertir la situación actual pasa por destinar mayores recursos, y en este sentido puede entenderse cierto malestar en el sector. Pero, sobre todo, es indispensable adoptar un amplio abanico de reformas encaminadas a modernizar la Administración de justicia. Algunas están en marcha. Deberíamos tomarnos en serio la demoscopia: el servicio público de justicia es uno de los peor valorados, y el poder judicial no goza de demasiada simpatía ciudadana. La transformación resulta necesaria para consolidar una justicia del siglo XXI.
Estos días está en debate el proyecto de ley sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal. Desde mi punto de vista, este tipo de acciones caminan en la dirección de poner en valor la justicia, de dignificarla. En otras palabras: preocuparse, ocuparse. Un sistema de acceso ideado en la misma construcción del Estado liberal es bueno que sea modernizado. La propuesta no debería verse como una reducción del nivel de exigencia, al contrario. Se trata de demandar a los nuevos aspirantes conocimientos, capacidades y habilidades que les hagan desarrollar con excelencia la misión que les es encomendada. La memoria es una cualidad importante, pero no solo ella es necesaria para ejercer una profesión que reviste tanta responsabilidad. Las pruebas de acceso a la Administración pública o al ejercicio de algunas profesiones han ido evolucionando, ¿Por qué esta transformación no debería producirse en el ámbito de la justicia?
Una política pública es una hipótesis de mejora. Y esta camina en buena dirección. Estamos hablando de un ámbito que se configura a la vez como un servicio público y un poder del Estado, con las complejidades que esto comporta. Pero para nada esta naturaleza debería ser un impedimento para que haya cambios legales: la independencia de los poderes no puede confundirse con una especie de autarquía. He escuchado en alguna ocasión al magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez exponer la idea de que un juez debería ser una suerte de intelectual, en el sentido de multidisciplinariedad de conocimientos, madurez de vivencias y capacidad de ir más allá de una cultura jurídica estrictamente positivista. Una persona sabia, en el sentido etimológico del término.
De momento, la ley prevé añadir un examen escrito con casos prácticos al ejercicio de oposición libre que permita valorar de manera más amplia las cualidades del aspirante. Se planea un ente público que participará en el proceso de preparación acompañando a opositores (el Centro de Estudios Jurídicos, tarea en la que también había empezado a trabajar el Centre d’Estudis Juridics i Formació Especialitzada) con el objetivo de generar más igualdad entre aspirantes y conseguir a la vez facilitar la vocación opositora en sectores sociales y territorios donde aún es poco común. Además, la vía de acceso de juristas de reconocido prestigio a la carrera judicial, que enriquecen el ejercicio jurisdiccional, queda blindada con la previsión por ley de que las convocatorias sean anuales y simultaneas a las citadas. Con esta medida se debería llegar a la ya prevista, nunca cumplida, cuarta parte de profesionales que hayan accedido por esta vía. También se abre esta a la carrera fiscal.
En definitiva, una reforma aún modesta pero que hace camino al andar. Cambios para volver a poner al centro la justicia.
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