PP: Un error histórico

Los 55.000 avales que aportó el miércoles Alberto Núñez Feijóo como candidato a la secretaría general del PP han quedado un día después en papel gravemente averiado al avalar un error histórico. El partido que Feijóo lidera de manera aún informal cerró un cuarto de hora antes de la campana un acuerdo de gobierno en Castilla y León con el partido de la ultraderecha española, Vox. Por primera vez en 40 años de democracia, el centroderecha español ha pactado entregar la presidencia de las Cortes, la vicepresidencia y tres consejerías de una comunidad a una derecha estrechamente ligada al nacionalpopulismo ultra europeo. Sus líderes se reunieron en Madrid este enero convocados por Santiago Abascal —el húngaro Víktor Orban, el polaco Mateusz Morawiecki, la francesa Marine Le Pen—, en su mayoría admiradores confesos de las gestas de Putin, al menos hasta que Putin desplazó sus tropas a la frontera de Ucrania a finales de ese mes. Representan en su mayor parte a regímenes iliberales y a formaciones políticas de rasgos explícitamente antifeministas, xenófobos, antieuropeístas y transfóbicos.

La respuesta de Feijóo al acuerdo de Mañueco tiró de banalización administrativa y señaló como responsable único de una decisión transcendental para todo el partido y para la política en España al presidente de una comunidad de algo más de dos millones de habitantes. La trivialización de lo que presenta el PP como un mero trámite ha llegado al extremo de no hacer explícitos los términos del acuerdo de legislatura. Lo publicado como tal es una vaga relación de propósitos vacíos sin ninguna concreción de lo que han pactado más que el reparto de sillones. Eso sí, la violencia de género ha desaparecido, siendo sustituida por violencia intrafamiliar.

El PP ha decidido renunciar al ejemplar criterio que adoptó Angela Merkel en Turingia cuando forzó en febrero de 2020 la ruptura de un Gobierno de su partido, la CDU, con la extrema derecha de Alternativa para Alemania. Feijóo ha hecho lo contrario: ha avalado impasiblemente el acuerdo de su partido con Vox en Castilla y León. Merkel entendió que el acceso de una formación de ultraderecha a un Gobierno regional podría abrir la puerta a la definitiva normalización de una ideología de inspiración trumpista, hipernacionalista y retrógrada en términos de igualdad y derechos civiles. Ha sido el jefe del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, quien ha evitado todo remilgo y ha calificado el acuerdo como una noticia triste y como una “claudicación” del PP español ante Vox. En la Europa que expedienta a Orban y Morawiecki por violar derechos fundamentales de la comunidad LGTBI, Feijóo tendrá que dar las explicaciones que aquí no ha dado.

El primer blanqueamiento de Vox corrió a cargo de Casado y Ayuso al alimentar una competencia por el exabrupto y el frentismo que llegó a hacer a ambos partidos indistinguibles en algunos de los debates públicos. Esta segunda fase es más peligrosa, porque nadie ha podido probar que el ingreso de la ultraderecha en los gobiernos modere sus posiciones cuando alcanza el Ejecutivo de un país . La tranquila imagen que desprende Feijóo frente a la exaltación hiperactiva de Casado se arriesga a llevar dentro el auténtico huevo de la serpiente de la normalización de un autoritarismo con tintes preconstitucionales, bendecido por las buenas maneras del líder gallego y una indolencia en este asunto que recuerda a la de alguno de sus predecesores. El acceso institucional de Vox a un Gobierno contiene elementos de alarma sistémica —incluida la capacidad misma del PP de resistir ante el empuje de los ultras—. El objetivo de Abascal es, sin duda, el Gobierno de España, y el PP le ha ofrecido el primer peldaño institucional de la ascensión. Nadie puede creer que una decisión así se hubiera tomado contra el criterio del hombre que se presenta como candidato único a presidente del partido con una avalancha de avales.

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