PP y Vox aprueban en Baleares una ley que permite construir en suelo rústico
El pleno del Parlamento de Baleares ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox y la oposición de los grupos de izquierdas —PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos— la llamada ley de obtención de suelo mediante el desarrollo de Proyectos Residenciales Estratégicos, una norma que permitirá la reclasificación de las reservas de suelo rústico para convertirlas en suelo urbanizable con el objetivo de agilizar la construcción de viviendas en municipios de más de 20.000 habitantes. Además, la norma prevé ampliar las legalizaciones en suelo rústico en la sierra de Tramontana, actualmente suelo protegido.
Tanto PP como Vox han defendido la necesidad de impulsar esta ley en la situación de “emergencia habitacional” existente en Baleares y la falta de vivienda asequible para los residentes. El punto más polémico del texto es el que permite la construcción de vivienda en las llamadas áreas de transición, reservas de suelo rústico municipales, sin haber agotado antes el suelo urbanizable en los municipios de más de 20.000 habitantes. Hasta ahora estas reservas solo se podían utilizar si se había agotado todo el suelo urbanizable existente en el municipio. La decisión de desbloquear este suelo será de los propios ayuntamientos, que lo tendrán que aprobar en pleno.
El total de las viviendas que se construyan en estas zonas tienen que ser de precio tasado, excepto si los promotores justifican que no es económicamente viable, cuando podrán destinar un 25% de los inmuebles al mercado libre. En los municipios de más de 10.000 habitantes esta ley amplía las posibilidades de construir vivienda libre en suelos urbanizables, reservando la mitad del suelo a inmuebles con algún tipo de protección, bien como vivienda social o como vivienda a precio limitado. Un tipo, este último, que se encarece un 30% con respecto al precio de las VPO.
Otro de los aspectos polémicos incluidos en la ley es la amnistía urbanística a todas las construcciones ilegales de la sierra de Tramontana erigidas antes de 1991, cuando entró en vigor la ley de Espacios Naturales. Hasta ahora, estas edificaciones no podían regularizarse porque esta zona de Mallorca se regía por un decreto de 1972 que declaraba la sierra como paisaje pintoresco y blindaba su protección. El PP defiende que esas construcciones no se pueden derribar e igualmente iban a permanecer como estaban ahora. “Es de justicia legalizar una vivienda que cometió la infracción hace 40 años”, defendió hace unos días el vicepresidente del Ejecutivo balear, Antoni Costa.
El consejero de Vivienda y Territorio, José Luis Mateo, ha vaticinado que la ley permitirá construir vivienda “asequible” que irá destinada a los residentes de la comunidad. “Donde ustedes dejaron proliferar barrios de lujo o barrios de caravanas y asentamientos ilegales nosotros ponemos herramientas para hacer vivienda para las familias y los jóvenes” ha espetado a la bancada de la izquierda. En Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha acusado a los grupos de la oposición de hacer creer a la ciudadanía “que se van a levantar rascacielos en la sierra” y ha descartado que la aprobación de esta ley haya sido una de las condiciones para apoyar los presupuestos del gobierno de Prohens.
Recurso al Constitucional
Los grupos de la izquierda han reclamado inicialmente la suspensión del pleno al considerar que se habían producido irregularidades en la tramitación porque el texto que se iba a aprobar no coincidía con el debatido en la ponencia parlamentaria y, tras no conseguir el aplazamiento, han avanzado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional. El diputado del PSIB-PSOE Iago Negueruela ha acusado al PP y a Vox de beneficiar a los promotores inmobiliarios y de articular una ley que les permitirá saltarse los planeamientos urbanísticos. “Lo que hacen hoy aquí es extinguir la VPO y la sustituyen por una vivienda que será hasta un 30% más cara, la vivienda de precio limitado es de precio ilimitado para muchos porque jamás podrán adquirirla” ha señalado. Para el portavoz de Més per Mallorca, Ferràn Rosa, la ley solo pretende construir más “para vender más caro” y la ha calificado de “perversión” por utilizar la emergencia habitacional como excusa “para regar a los que ya se han forrado durante años”.
A las puertas de la cámara balear se han concentrado para protestar más de dos centenares de personas, convocadas por la federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y por el grupo ecologista GOB, que armados con pancartas han gritado cánticos como ‘Marga Prohens especuladora’ o ‘Mallorca no se vende, Mallorca se defiende’. La portavoz del GOB, Margalida Ramis, cree que con la aprobación de esta ley se oficializará “uno de los mayores destrozos territoriales de la historia de las islas”. Acusa al PP y Vox de “instrumentalizar” el problema de la vivienda argumentando la necesidad de la ley en la emergencia habitacional y critica que no haya sido sometida a la participación ciudadana. El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Biel González del Valle, lamenta que la vivienda de precio tasado que se pretende construir en estas zonas tendrá precios a los que no podrán acceder las clases medias y bajas.
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