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El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este martes en Bruselas sus cuatro “condiciones previas” para sentarse a negociar con el PSOE su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez: el “respeto a la legitimidad democrática” del independentismo; la creación de un “mecanismo de mediación y verificación” para garantizar el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue —no ha aclarado si pide la intervención de un mediador o supervisor externo—; el “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”; y la garantía de que los “únicos límites” a cualquier pacto serán los establecidos por los “tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos”, es decir, que el límite no sea la Constitución. Ese abandono de la vía judicial, que tendría que ser “permanente”, lo ha concretado Puigdemont en la exigencia de una “ley de amnistía de amplio espectro” para todos los hechos vinculados al procés independentista.

Puigdemont, prófugo de la justicia desde hace casi seis años, ha subrayado que esas cuatro condiciones previas deben cumplirse antes de embarcarse en la “negociación posterior”, la de la investidura; esa negociación tendría nuevas condiciones u “objetivos” que no ha querido adelantar hoy. No ha reclamado así, en este momento, un referéndum de independencia, aunque sí ha abogado por un “acuerdo histórico” que “reconozca el derecho a la autodeterminación”.

“España tiene un dilema de resolución compleja: o repite elecciones […] o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre [el referéndum ilegal de independencia de 2017] y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”, ha afirmado el expresident. En una conferencia pronunciada en una sala del Parlamento Europeo y con la cúpula de Junts entre el público —incluida la presidenta del Parlamento catalán, Anna Erra—, Puigdemont ha interpelado tanto al PSOE como al PP. Ha recordado a ambos partidos que a día de hoy ninguno de los dos cuenta con los apoyos suficientes para lograr formar Gobierno, y los ha emplazado a negociar. El expresidente catalán ha dejado claro que deja para más adelante explicar cuáles son las condiciones que pedirá para apoyar a un candidato u otro, y se ha quedado en dibujar las “condiciones previas” para la negociación: “Si hay voluntad real de encarar este acuerdo, esas condiciones se deben crear, aunque sean forzadas por la necesidad y no por la convicción”.

Puigdemont ha asegurado que en España se persigue al independentismo catalán “como la segunda amenaza del Estado, después del yihadismo”, y ha añadido: “El Estado español espía, infiltra y fabrica montajes para proceder a detenciones sin fundamento”. Por eso, ha planteado como primera condición que el Estado reconozca la “legitimidad” del independentismo.

La segunda condición de Junts para empezar a negociar es “el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”, que en su opinión debería producirse por dos vías: “a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014″; y “a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado”, a quien el Gobierno, ha sugerido el expresident, debería dar instrucciones para retirarse de todas las causas judiciales. Puigdemont no ha precisado si aceptaría que los partidos registraran una propuesta de ley de amnistía o exige que esta se apruebe ya, aunque sí ha subrayado que las tres condiciones previas “se deben cumplir antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones”; es decir, antes del 27 de noviembre. Sí ha señalado que esa amnistía debe servir para “reparar una injusticia, no para olvidar o llegar a un punto final ni para igualar las víctimas y los victimarios”. Deja así en el aire si cree que los agentes de la Policía procesados por las cargas policiales del 1-O deberían ser también beneficiarios de esa hipotética amnistía.

La tercera condición previa de Junts implica revivir una figura que en 2019 hizo saltar por los aires el último intento de diálogo entre el partido de Puigdemont y el Gobierno de Pedro Sánchez: la incorporación de una figura independiente, que en su día se llamó relator —lo que introducía una connotación clara de conflicto internacional— y a la que ahora se ha referido Puigdemont como “mecanismo de mediación y verificación” para “garantizar el cumplimiento de los acuerdos”. El expresident ha recordado la baja ejecución en Cataluña de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (en 2021 solo se ejecutó el 36%, mientras se duplicaron en Madrid).

“El 1 de octubre no fue un delito, ni la declaración de independencia ni las manifestaciones posteriores”, ha subrayado Puigdemont, para quien el “abandono de la represión del independentismo democrático” constituye una “exigencia ética”. En su opinión, nada de lo que exige ahora es contrario a la Constitución; pero, en todo caso, la última de sus cuatro condiciones previas es que la Constitución no sea el límite: “Fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales”.

La conferencia del que fuera presidente de la Generalitat entre 2016 y 2017 llega un día después de que le visitara en Bruselas la vicepresidenta en funciones del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Se trata de la primera visita de un alto cargo del Gobierno a Puigdemont desde que este huyera de Cataluña para evitar responder ante la justicia por el procés. El sector socialista de La Moncloa se desmarcó de esa visita.

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Enlace de origen : Puigdemont exige una ley de amnistía para negociar la investidura de Sánchez