Sareb: herencia ruinosa
La iniciativa de crear en 2012 el llamado banco malo, es decir, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), corrió a cargo del ministro de Economía Luis de Guindos en el Gobierno de Mariano Rajoy. Ese banco servía para aparcar los créditos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras y, según repitieron varios ministros por entonces, estaría al servicio del rescate bancario sin que costase un euro a los contribuyentes. El hoy vicepresidente del BCE incluso aseguró que sus bonos ofrecerían un rendimiento nada menos que del 15% a quienes los comprasen.
En la realidad, la situación actual de la Sareb es catastrófica sin paliativos y significa una herencia profundamente ruinosa para la sociedad española. La ruina no es retórica sino literal y gravísima: la Sareb está a punto de nacionalizarse por quiebra técnica. A los españoles va a costarles entre 2022 y 2027 la cifra casi inimaginable de 27.721 millones de euros que deberán devolverse a la UE. Esa gigantesca cantidad equivale al 39,9% de los fondos para la recuperación que España recibirá del presupuesto común. De cada 10 euros de los fondos europeos, España deberá devolver cuatro al mecanismo de rescate. Hasta que culmine la devolución en 2027, el fiasco del banco malo incrementa la deuda pública en 35.000 millones de euros —tres puntos del PIB—. Ese ha acabado siendo el corrosivo efecto de una frivolidad financiera que agrava ahora el elevado gasto público destinado a paliar la crisis pandémica.
El Estado no tiene mejor alternativa que comprar por un euro a los bancos privados sus cuotas en el capital de la Sareb. Es una socialización de pérdidas que no puede eludirse porque estaba ya en la trampa esencial sobre la que se creó la Sareb. Las arcas del Tesoro habían quedado vacías en la Gran Recesión de 2008-2011, sin que el Gobierno de Rajoy dispusiese de recursos para crear a solas un banco malo. Tampoco las reglas comunitarias permitían su financiación solo pública. Sobre ambos carriles, Guindos precipitó el rescate y, copiando mal a otros bancos malos (correctos), forzó a la banca privada a tomar la mayoría de la sociedad. Esta accedió si el Tesoro lo avalaba todo y, por tanto, en caso de quiebra, respondía el Gobierno. Fue una típica nacionalización disfrazada.
Por mucho que el Gobierno deba sanear esa pésima herencia, repugna al sentido común de los ciudadanos. En la práctica, la Sareb quebró en 2014, dos años después de nacer. Para entonces había consumido todo el capital, en buena medida lastrada por la lamentable gestión de su primera responsable, Belén Romana, que dilapidó 3.200 millones de euros en ingenierías financieras fracasadas. La posterior venta de los pisos comprados a la banca hundida, calculada oficialmente en cifras faraónicas, no pudo dar la vuelta a la cuenta de resultados.
La nacionalización estaba cantada desde que Eurostat indicó a España en la pasada primavera que la deuda de 35.000 millones de la Sareb debía contabilizarse como pública, pues la avalaba el Estado. Y es adecuado que este asuma, junto a su carga, la propiedad, en su intento de recuperar parte de lo perdido. Lo lógico es que los responsables de esta deficiente operación entre 2012 y 2016 den cuentas al Parlamento de su catastrófica gestión.
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