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En España hay 5.188 residencias para personas mayores, con 381.514 plazas, y 1.455 para personas con discapacidad, con 49.435 plazas. Además, otros 188 centros están dirigidos a ambos colectivos. Así consta en el primer censo sobre estas residencias publicado en España, presentado este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Es una novedad en sí misma que exista este análisis estadístico, basado en una encuesta respondida por los propios centros, porque hasta ahora se carecía de datos oficiales homogéneos a nivel nacional sobre las residencias y sus características. Así, se constata que la mayoría son de titularidad privada. De hecho, para ambas modalidades de centro apenas el 14% son tanto de titularidad como de gestión públicas. Pero el análisis también esboza datos sobre cómo se vive en estos recursos: el 56% de los mayores comparte habitación con algún compañero, y el 51% de las plazas para este colectivo están en centros con capacidad para más de 100.

“Este censo viene a cubrir la falta de datos, especialmente de información agregada a nivel nacional, que era una demanda desde hacía tiempo y se evidenció durante la pandemia”, ha explicado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. En diciembre de 2020, las comunidades autónomas y el ministerio acordaron, por esto mismo, crear un censo de residencias, y este se incorporó al Plan Estadístico Nacional 2021-2024: el Imserso está trabajando ya en la siguiente edición y, posteriormente, valorará si se continúa con una periodicidad anual. Este ha tardado años en publicarse.

En esta primera edición, los datos corresponden a 2022, cuando se distribuyó un formulario online a los centros. La tasa de respuesta fue del 84,5%. La directora general del Imserso, Mayte Sancho, ha destacado que la intención es continuar avanzando. “La idea es que las mismas personas que necesitan un recurso puedan orientarse sobre cómo es, dónde está”, ha añadido, una meta es “disponer de un mapa de recursos con geolocalización”. Fuentes del ministerio apuntan que el objetivo es contar “con información rigurosa de todos los servicios sociales destinados a personas mayores y con discapacidad, es decir, servicios domiciliarios, centros de día, teleasistencia y demás”. Y que el mapa detallado baje a nivel de cada pueblo o ciudad, algo que pueda ayudar “a tomar decisiones para mejorar las políticas públicas y este tipo de servicios”.

Por el momento, el análisis se centra en las residencias. Es puramente cuantitativo, con multitud de datos sobre los propios centros, el perfil de los residentes y los trabajadores. En el informe se destaca que conocer las características de las residencias, y hacerlo por comunidad autónoma, permitirá comprobar cómo avanza cada región en la aplicación del nuevo modelo aprobado en junio de 2022, en el cual se fijaron los requisitos mínimos que tienen que cumplir los servicios de dependencia para poder formar parte del sistema. No hay, sin embargo, datos económicos, ni de cuánto cuesta a la Administración, empresas o entidades cada plaza, ni tampoco sobre cuánto sufragan los usuarios.

En las residencias de mayores, tres de cada cuatro centros son de titularidad privada, y acumulan además tres de cada cuatro plazas disponibles en España. En el análisis se distingue entre cinco modelos de gestión: titularidad pública y gestión privada con ánimo de lucro (por parte de empresas), titularidad pública y gestión privada sin ánimo de lucro (por parte de entidades sin fin lucrativo), titularidad y gestión públicas, titularidad y gestión privadas con ánimo de lucro, y titularidad y gestión privadas sin ánimo de lucro. En las residencias de mayores, el porcentaje más numeroso está en las de titularidad privada con ánimo de lucro (48,5%). En las de discapacidad, un 73% de los centros son titularidad y de gestión privada sin ánimo de lucro.

Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios SIIS y experto en servicios sociales, destaca que, en el ámbito de los mayores, entre las de titularidad y gestión pública (14%) y las de titularidad pública con gestión privada y sin ánimo de lucro y las de titularidad privada sin ánimo de lucro suman el 43% de todos los centros que no persiguen beneficio económico. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, afea que el estudio se presenta “con retraso” y apunta, no obstante, que será interesante, para realizar un análisis preciso, cruzar los datos publicados por comunidades autónomas, porque las cifras en algunas regiones pueden distorsionar las cifras a nivel nacional y “precipitar las conclusiones”.

En cualquier caso, los datos permiten comparar el acuerdo alcanzado entre las comunidades y el ministerio con la realidad actual. Aquel pacto restringía las residencias de mayores de nueva construcción a un máximo de 75 plazas si están en zonas rurales o escasamente pobladas; de 90 en localidades de densidad intermedia, y de 120 en ciudades o áreas densamente pobladas. Según el informe, que no especifica el lugar en el que se ubican los centros, estos centros cuentan, de media, con 73,5 plazas. Pero más de la mitad de ellas se ubican en centros con capacidad para más de 100 plazas. Y, si bien solo el 3,4% de las residencias tienen más de 200, estos centros acumulan el 13,4% de todas las plazas que se ofertan en el país. En cambio, las residencias para personas con discapacidad son más pequeñas: 34 de media.

Un aspecto que se desconocía hasta ahora es cómo se distribuían las habitaciones en las residencias. En las de mayores, el 43% son individuales y en las de discapacidad, el 40,5%. Así que la mayoría de mayores duerme en cuartos compartidos con otra persona (56%), frente al 48% de personas con discapacidad. En estos últimos centros, el 11% de las habitaciones son de uso triple o superior (en las de mayores esta cifra ronda el 1%). “Deberíamos estar en al menos un 75% de individuales”, apunta Zalakain, “pero esperaba un dato aún más bajo, indica que se está avanzando en la buena dirección”. El acuerdo entre el ministerio y las comunidades establece que en las nuevas residencias de mayores, al menos el 65% de plazas públicas o concertadas deben estar en habitaciones individuales y el resto, en dobles.

Pero, además, también se aportan datos sobre otras características de las residencias. Nueve de cada 10 centros de mayores disponen de espacio exterior (como una terraza o jardín), ocho de cada 10 están dentro del casco urbano, siete de cada 10 tienen conexión a internet. El 75,5% permiten la opción de sectorizar el edificio por razones de seguridad o sanitarias, algo que fue necesario en la pandemia para tratar de evitar que el virus se propagara.

El censo permite confirmar que hay más mujeres que hombres en las residencias de mayores, normal dado que ellas tienen más esperanza de vida (siete de cada 10 son mujeres), algo que no se da en las de discapacidad (rozan el 42%). Tres de cada 10 residentes en centros de mayores tiene 80 o más años, mientras que el 85% de los de centros de discapacidad son menores de 65.

El análisis no solo se centra en los residentes, también en trabajadores. Para empezar, más de 206.000 personas están empleadas en residencias de mayores y cerca de 38.000 en las de discapacidad. El 95% es personal del centro en ambos casos, y el resto está subcontratado (en las residencias de mayores de titularidad y gestión pública, este porcentaje se reduce al 91%, con un 9% de subcontratados). La mayoría de empleadas son mujeres (86% en mayores y 78% en discapacidad), con jornada completa (73% en mayores y 72,5% en discapacidad). Aunque si se atiende a modelos de gestión, la diferencia se ve más acentuada en centros cuya titularidad y gestión es pública: en mayores, cerca del 83% tiene contrato a tiempo completo, en discapacidad el 87%.

Las respuestas de los centros permiten esbozar, además, las ratios de trabajadores (conviene recordar que se trata de una encuesta, no del resultado de la inspección). El resultado es que en las residencias de mayores el 57% de los empleados son auxiliares y gerocultores, que se encargan del cuidado más directo, como el aseo o levantar a los usuarios, lo que da una ratio de 0,36 trabajadores de esta categoría profesional por cada residente (que se sitúa en 0,33 en los centros de titularidad y gestión privadas con ánimo de lucro, y en el 0,48 en los de titularidad y gestión públicas). En el caso de los centros para personas con discapacidad, este personal conforma el 58% de la plantilla, con una ratio de 0,52 por residente. El acuerdo alcanzado entre el ministerio y las comunidades fijaba un calendario de mejora de ratios, de 0,31 en diciembre de 2023 a 0,43 a final de 2029 para las residencias de mayores; del 0,42 en 2023 a 0,50 en 2029 para centros de personas con discapacidad.

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Enlace de origen : Solo el 14% de las residencias de España son de titularidad y de gestión pública