Un brote de gripe aviar obliga a sacrificar más de 130.000 gallinas en una macrogranja de Valladolid
Un brote de gripe aviar en una macrogranja ha obligado al sacrificio de más de 130.000 gallinas ponedoras en el municipio vallisoletano de Íscar (unos 6.400 habitantes). Se trata del segundo brote de esta enfermedad que se detecta en Castilla y León en menos de un mes. Y, además de poner en alerta al Gobierno regional y al Ministerio de Agricultura, sitúa de nuevo el foco sobre las explotaciones intensivas ganaderas en el final de la campaña electoral en esta comunidad autónoma.
El brote de la granja de Íscar, que cuenta con más de 130.000 gallinas ponedoras que viven enjauladas, comenzó a principios de semana, cuando se detectó el aumento de mortandad entre las aves. El miércoles el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó la presencia de la enfermedad en la explotación, lo que implica el sacrificio de todos los animales. La organización ecologista Greenpeace ha estado esta semana documentando cómo se retiraban los cadáveres. “La ganadería industrial es una auténtica bomba de relojería. Es urgente poner fin a este destructivo modelo que está poniendo en jaque la salud del planeta y también la de las personas”, asegura esta ONG.
El otro foco de gripe aviar en Castilla y León se detectó en el municipio segoviano de Fuenterrebollo a mediados de enero y afectó a una granja de pavos de engorde con casi 19.000 ejemplares. Esta enfermedad está afectando a media Europa y en otra granja de pavos de Niebla (Huelva) también se ha registrado esta semana un contagio que ha obligado al sacrificio de otros 39.500 pollos. En total, ya son alrededor de 200.000 animales que han tenido que ser sacrificados por este motivo en España este año.
En la nota informativa emitida por la Subdirección de Sanidad e Higiene Animal del ministerio se señala que, aunque “hasta el momento no hay constancia de que el subtipo H5N1 que durante los últimos meses está afectando a Europa tenga capacidad zoonósica significativa [capacidad de transmitirse a las personas], se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo”. Agricultura, además, resalta que el “virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos”. Y el ministerio pide que se refuercen “las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres”. Fuera de las granjas, Agricultura tiene registrados 11 casos de ejemplares silvestres contagiados en Lleida, Girona, Ávila, Palencia, Sevilla, Huelva y Cádiz en lo que va de año.
Sin embargo, el brote de Íscar es el que más preocupa en el sector avícola ahora mismo, porque se trata de una zona en la que se concentran gran cantidad de explotaciones de gallinas y existe el temor a que se extienda. Además del sacrificio de todos los ejemplares, las Administraciones han impuesto medidas de control en la zona afectada. Alrededor de la granja de este municipio de Valladolid, en un radio de solo 10 kilómetros, existen 32 granjas comerciales y seis pequeñas explotaciones para el autoconsumo en las que se han impuesto restricciones.
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Greenpeace asegura que se trata de “una de las zonas de mayor producción avícola de todo el país”. “Esta es una razón más que de sobra para que los controles sean exhaustivos e intentar evitar que se extienda a otras instalaciones, que se propague a las personas y que genere una presión añadida a la, ya amenazada, biodiversidad”, señala esta ONG.
Los ecologistas lamentan que la granja, como ocurre en otras muchas zonas del país, se encuentre “a escasos 1.000 metros del centro de Íscar y a unos 300 de las viviendas más cercanas, lo que aumenta el riesgo de contagio para las personas”. Y carga contra “la expansión desmesurada y descontrolada de la ganadería industrial”. Por eso Greenpeace ha pedido que el presidente que salga elegido este domingo en las elecciones de Castilla y León afronte el “problema” de la ganadería industrial “con valentía” y decretar “una moratoria regional” a este tipo de instalaciones como la que ha puesto en marcha Castilla-La Mancha.
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