Un mando policial relata el empeño de la cúpula de Interior del PP contra el independentismo catalán
La comisión parlamentaria que investiga la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas volvió este miércoles a adentrarse en otra actuación policial polémica de la etapa del gobierno de Mariano Rajoy: la llamada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el seno del Ministerio del Interior para, mediante supuestos informes policiales, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán. Lo hizo durante la comparecencia de José García Losada, comisario general de Policía Judicial entre junio de 2012 y octubre de 2013, periodo en el que, precisamente, se hicieron públicos algunos de esos documentos falsos.
Ante los diputados, el alto mando policial aseguró que el que en aquel momento “durante un tiempo la Dirección General de la Policía [entonces encabezada por Ignacio Cosidó] o el DAO [director adjunto operativo, cargo que ocupaba el comisario Pino, imputado en el caso Kitchen] estuvo muy empañado en el tema de Cataluña” y que, en una ocasión, Pino lo convocó en su despacho a una reunión en la que también participó el comisario José Manuel Villarejo. En la misma, detalló, ambos le pidieron que los “asesorara” para “explicar” la aparición en un medio de comunicación, poco antes de las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2012, de varios informes apócrifos atribuidos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF, que dependía de jerárquicamente de García Losada) sobre las supuestas finanzas de la familia de Jordi Pujol y del también expresidente de la Generalitat Artur Mas.
“Lo frené totalmente”, aseguró García Losada antes de admitir que su respuesta “cabreó” a sus dos interlocutores. Y añadió que él ordenó a sus agentes investigar para demostrar, precisamente, que aquellos documentos eran “falsos”. Hasta ahora, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, han abierto pesquisas sobre la llamada Operación Cataluña al considerar que esta actuación policial no encaja en ningún artículo del Código Penal.
García Losada añadió que la primera vez oyó hablar de este operativo contra el independentismo catalán fue “precisamente en boca de Villarejo” y que de lo único que tuvo conocimiento directo sobre ella fue la toma de declaración oficial que los agentes de la UDEF tomaron a dos testigos, Victoria Álvarez, compañera del primogénito de Jordi Pujol, y el empresario Javier de la Rosa, que fueron aportados por el propio Villarejo. El alto mando policial se desmarcó de las actuaciones del comisario jubilado, al que calificó de “timador” cuyo único objetivo era enriquecerse.
Sobre la Operación Kitchen, cuyo objetivo era supuestamente sustraer a Bárcenas la documentación comprometedora para el PP y sus dirigentes que pudiera atesorar, García Losada dijo a los diputados que nunca fue informado de su existencia por “ningún mando político ni por el DAO [director adjunto operativo, entonces el comisario Pino] ni nadie” y que se enteró por la prensa años después. De hecho, tildó de “absolutamente anómalo” que entonces, verano de 2013, se investigase al extesorero sin autorización judicial. “¿Qué pinta un grupo parapolicial investigando lo que corresponde a la UDEF?”, se preguntó en referencia al caso Gürtel.
El alto mando, que ha alabado el trabajo del principal investigador de esta causa de corrupción, el inspector jefe Manuel Morocho, ha negado que él le presionara para que cambiara los informes en los que implicaba a dirigentes del PP. Morocho afirmó ante el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, que García Losada y cuatro mandos de la UDEF le conminaron en reuniones a cambiar o quitar partes de sus informes. El ex comisario general de Policía Judicial señaló este viernes que “es normal” que su subordinado tuviera que oír “la opinión técnica de los superiores”.
Dispositivos de vigilancia
Antes que García Losada, habían comparecido en la comisión otros dos agentes de la policía, que coincidieron en señalar que hubo interferencias y solapamientos entre los dispositivos de vigilancia que varias unidades policiales pusieron en marcha en el verano de 2013 en el entorno del domicilio del extesorero del PP. Uno de ellos, el policía Enrique Luis Báez, que perteneció hasta septiembre de aquel año al Área Especial de Seguimientos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), confirmó que durante “dos o tres semanas” participó en los seguimientos que se hicieron, en primer lugar, a Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, y posteriormente a Rosalía Iglesias, esposa de este último, y que en, en ese corto espacio de tiempo, al menos dos ocasiones detectó a personas que les tomaban fotografías a él y sus compañeros.
El segundo agente, el inspector jefe Jesús Vicente Galán, entonces responsable de la Sección de Seguimientos en la Unidad de Asuntos Internos, admitió que envió a agentes a las cercanías del domicilio del extesorero y que estos detectaron la presencia de otros policías en la zona, pero negó que el operativo que él dirigía tuviera como objetivo vigilar al entorno de Bárcenas. Ambos se escudaron en sus superiores para justificar aquellos operativos y, en el caso de Galán, intentó desacreditar el testimonio que una de sus subordinadas hizo ante el juez Manuel García-Castellón, en el que había asegurado que fue él quien le dio la orden de seguir a Rosalía Iglesias. Galán fue imputado por este testimonio, pero el pasado junio el magistrado archivó la causa contra él.
El primero en comparecer fue el agente Báez, actualmente en excedencia y destinado en la agencia europea de control de fronteras (Frontex). Este policía envió en septiembre de 2019 a la Fiscalía Anticorrupción dos correos electrónicos en los que se ofrecía a declarar sobre su participación en la Operación Kitchen, pero el juez García-Castellón lo descartó al considerar que no iba a aportar “nada relevante”. En el Congreso, tampoco ha facilitado información novedosa, según coinciden en valorar varios diputados que han intervenido en la sesión. Según Báez, sus superiores les explicaron a él y sus compañeros que el extesorero “estaba involucrado en delitos, que había robado mucho dinero y que había que localizar un local” en el que supuestamente ocultaba ese dinero, señaló. El policía añadió que, durante su participación en el operativo, detectó en dos ocasiones como le fotografiaban, aunque nunca supo si quienes lo hicieron pertenecían a otra unidad policial.
El segundo en comparecer, el inspector jefe Galán, declaró como imputado el pasado enero ante el juez del caso Kitchen, pero este sobreseyó la causa contra él seis meses más tarde. Galán había sido señalado por una de las policías a sus órdenes como el mando que le dio instrucciones para acudir a las cercanías del domicilio de Bárcenas porque la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, “estaba en peligro”. Ante el juez, Galán confirmó que montó un dispositivo de vigilancia cerca del domicilio del extesorero, pero aclaró que el objetivo era supuestamente para localizar un automóvil sin relación con Bárcenas. De aquellas órdenes responsabilizó al que entonces era su jefe, el comisario Marcelino Martín-Blas, imputado en la causa. Martín-Blas, que ya ha comparecido en la comisión, negó que él diera aquellas órdenes y señala a Galán como hombre de la confianza del comisario Eugenio Pino, entonces máximo responsable operativo de la Policía y muñidor de la trama.
Este miércoles, Galán se ciñó a esta versión que dio ante el juez del caso Kitchen. Así, aseguró que en el verano de 2013 (no ha sabido concretar la fecha, aunque la investigación ha revelado que fue el 25 de julio de aquel año, al poco de ponerse en marcha la Operación Kitchen) recibió instrucciones de su superior para que buscara “un vehículo [del modelo] C-4 negro en la confluencia de las calles Hermosilla, Ayala y Díaz Porlier [de Madrid]” y que tuviera “cuidado” porque cerca de esa zona vivía Bárcenas. El inspector jefe ha insistido en que “nunca, nunca” sus subordinados vigilaron a Rosalía Iglesias o recibieron órdenes en ese sentido. El mando policial detalló que uno de los agentes que envió a la zona le alertó de que tenían “compañía”, en referencia a que en la zona había más dispositivos policiales. Tras ello, ordenó “que se quitaran directamente de ahí”.
El inspector jefe añadió que, ya en el otoño de 2014, le ordenaron hacer seguimientos al comisario José Manuel Villarejo, señalado como uno de los implicados en el caso Kitchen y que tres años después fue detenido como presunto cabecilla de una trama parapolicial que ofertaba información confidencial a empresarios. Galán terminó abandonando la Unidad de Asuntos Internos y obtuvo un destino en una Embajada de España en el extranjero, la de Mauritania, uno de los puestos más codiciados por los agentes por su elevada retribución económica. En agosto de 2018, el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska, lo destituyó de ese puesto.
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