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En su última noche con vida, Marcel García Martín se levantó de la cama para dar las buenas noches al funcionario encargado del recuento. Después, en la oscuridad y el silencio de su celda, se quitó los cordones de las zapatillas deportivas, los ató a los barrotes de la ventana y se ahorcó. A las 7.30 del 25 de julio de 2019, otro funcionario lo encontró muerto. Tenía 19 años. Tres días antes, Marcel había verbalizado su intención de quitarse la vida a una psicóloga de la cárcel de Jóvenes de Quatre Camins. Pese a la llamada de alerta, el centro penitenciario no activó el protocolo de prevención de suicidios.

Una jueza de Granollers (Barcelona) investiga si la muerte de Marcel pudo haberse evitado y si la Administración actuó con negligencia. El joven llevaba tres meses en la celda de aislamiento número 7 del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT, por sus siglas en catalán) por peleas con otros internos. Allí, solo en una celda de diez metros cuadrados, pasaba 23 horas al día. Debía abandonar el primer grado en cuestión de días. Pero un incidente con otro preso en la sala de comunicaciones, el fin de semana anterior a su muerte (ocurrida un jueves) había prolongado el castigo una semana.

“Para mí, esa semana extra fue el detonante que le acabó de romper”, explica Esther Martín, la madre de un chico diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y a quien el consumo temprano de todo tipo de drogas —especialmente cannabis— había causado daños cerebrales. Estuvo ingresado en un centro psiquiátrico año y medio, hasta que cumplió los 18. Esther y Vicenç García, el padre, cuentan que Marcel se había metido en líos desde adolescente. En una ocasión fue detenido y luego puesto en libertad por robos en coches. Ignoran si hubo más episodios. Pero era la primera vez que estaba preso.

Marcel fue detenido por una agresión a un joven en abril de 2018 e ingresó de inmediato en Quatre Camins como preso preventivo. Estaba a la espera de juicio por lesiones, amenazas y hurto. Sus peleas con otros internos lo llevaron a ser clasificado en primer grado, lo que significa entrar en una de las celdas del DERT, el régimen penitenciario más duro. “Mi hijo estaba muy mal y no estaba para que lo metieran en un DERT, sino en una unidad psiquiátrica”, lamenta Esther. “Quizá no tienen otro sistema de castigo para la gente que da problemas”, concede Vicenç, que asegura que solo pudo ponerse en la piel de su hijo cuando llegó el confinamiento domiciliario con la pandemia.

El domingo anterior al suicidio, Esther y Vicenç visitaron a su hijo. Mantuvieron, a través de la mampara, una conversación más o menos normal, aunque la madre sospecha que Marcel “estaba haciendo el papel”. Especularon con cómo sería su vida de vuelta al módulo, hablaron de un futuro en libertad una vez cumplida la condena… Nada les hizo pensar que quería suicidarse. Pero al día siguiente, lunes 22 —tras conocer que seguiría en el DERT unos días más—, Marcel estalló en una entrevista con la psicóloga. Como consta en los informes a los que ha accedido EL PAÍS, el interno le contó que quería “acabar con todo” y que ya había encontrado “la forma de hacerlo”. “Manifiesta que no le importa su vida ni volver a estar en primer grado, ni su familia. Al contrario, cree que será mejor si él no está”, escribió la trabajadora, que le preguntó si había pensado en suicidarse. Él contestó que sí.

Riesgo “bajo”

La psicóloga trasladó su informe a los responsables del centro para que decidieran si había que activar el protocolo de prevención del suicidio. El psiquiatra que examinó a Marcel decidió que no era necesario y, por defecto, el ordenador marcó que el grado de riesgo de suicidio era “bajo”. No se activó, en coherencia con ese planteamiento, ninguna de las medidas de seguridad previstas: acompañamiento permanente o para dormir, interno “sombra”, retirada de objetos peligrosos, visualización por cámara o un registro integral.

Los padres de Marcel, vecinos de Badalona, están convencidos de que alguien no hizo bien su trabajo y de que la Administración, que tiene a los presos bajo su custodia, es responsable. “No actuaron cuando las alarmas estaban encendidas”, lamenta el abogado de la familia, Cristian Carci. Los padres pelean por que el caso siga vivo en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granollers, que lo archivó dos veces y fue obligado a reabrirlo, otras tantas, por la Audiencia de Barcelona. El tribunal cree que hay indicios para pensar que quizás no se actuó “debidamente” para “prever” el suicidio y, en su caso, “evitarlo con alguna actuación”. Y ha ordenado a la Administración que entregue el expediente con la asistencia médica recibida por Marcel y que explique qué supone activar el protocolo antisuicidios, sobre todo “teniendo en cuenta la situación del interno y el periodo de tiempo” que llevaba en aislamiento.

El Departamento de Justicia de la Generalitat afirma, a preguntas de este diario, que no puede comentar el caso concreto de Marcel, pero que siempre que se produce un suicidio se abre una investigación por el servicio de inspección y se analiza el caso para implementar “elementos de mejora”. El programa marco de prevención de suicidios entró en vigor el 1 de junio de 2019 (un mes antes del suicidio de Marcel) y da al criterio clínico prioridad sobre otro tipo de exploraciones. “Las intervenciones y su duración las determina el tipo de riesgo evaluado, la patología mental subyacente y el estado psicopatológico”, según Justicia.

Una portavoz señala que “la prevención del suicidio es un tema prioritario” para el departamento y que se acaba de firmar una colaboración con Salud que incide en prevenir el suicidio entre la población reclusa: la tasa de suicidios entre los presos penados (Marcel era preventivo) es seis veces mayor a la población general en Cataluña, según datos oficiales.

Investigados dos trabajadores

Dos trabajadores de Quatre Camins permanecen investigados por suicidio de Marcel. Una es la psicóloga que le atendió el día 22 y que ratificó ante la jueza que el joven le había dicho que quería acabar con su vida. El otro es el psiquiatra que rechazó activar el protocolo, quien afirmó que cuando fue requerido para visitar al preso este estaba “contento y motivado”, y que incluso le habló de planes de futuro: dejar las drogas, apuntarse a la escuela de la cárcel, quién sabe si tener hijos. No se podía prever, declaró, que el chico “tuviera intención de suicidarse”. El psiquiatra agregó que Marcel era peligroso para los demás, pero no para sí mismo.

La noche del 23 al 24 de julio, Marcel rompió el cristal de la ventana de su celda y sufrió algunas lesiones. No era la primera vez: según consta en un informe, había tenido “conductas parasuicidas”, pero eran siempre “autolesiones superficiales” cuya finalidad era calmar la ansiedad. La mañana del 24, el psiquiatra volvió a la celda 7. Pero Marcel ya no quiso ser visitado ni recibir la medicación que se le ofrecía. Empezó a dar golpes en la celda. El psiquiatra admitió que escuchó los ruidos, pero no le dio más importancia porque en el aislamiento del DERT es algo frecuente. “Siempre escucho gritos, gente que da puñetazos”.

Para Vicenç, el padre, esa actitud no es aceptable: “¿Cómo es posible que escuches a una persona que sabes que tiene problemas dar golpes y te vayas?”, se pregunta. “Nos dijeron que Marcel era peligroso para los demás, pero no para sí mismo. Se equivocaron. Solo quiero que reconozcan que cometieron un error”.

Enlace de origen : El suicidio anunciado de Marcel en la celda 7