La causa contra Juana Ruiz se reanuda en Israel con la expectativa de su excarcelación
La causa contra la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 63 años, se reanuda este miércoles en el tribunal militar israelí de Ofer, en Cisjordania, con la expectativa de alcanzar un acuerdo para su excarcelación. Casi siete meses después de ser detenida de madrugada por una veintena de soldados en su casa próxima a Belén, la trabajadora humanitaria permanece entre rejas bajo jurisdicción castrense acusada de pertenencia a una “organización ilegal” que desvió fondos a un grupo palestino calificado como terrorista.
Ruiz seguirá la vista por vía telemática desde el penal de Damon, en el norte de Israel, después de haber asistido el lunes, esposada y con grilletes, a una sesión a puerta cerrada en Ofer en la que su defensa abordó con la fiscalía militar una eventual transacción que permita su salida de prisión. “El acuerdo está muy avanzado y en la nueva vista se intentará hacer oficial”, anticipó el martes una fuente jurídica conocedora del caso. “Confiamos en que sirva para facilitar la excarcelación (de la encausada)”, añadió, sin revelar detalles de la solución planteada para cerrar el caso, una fórmula prevista por la justicia israelí.
Un juez castrense denegó hace dos semanas la petición presentada por la defensa de Juana Ruiz para que pasara a la situación de arresto domiciliario. La cooperante española está medicada a causa de una enfermedad crónica y sufre de una dolencia en un brazo que le paraliza parcialmente la mano, aseguran sus familiares. Su marido, el palestino Elías Rishmawi, y la hija de matrimonio, María Rishmawi Ruiz (que se ha desplazado desde España para poder ver a su madre), pudieron hablar brevemente con ella antes y después de la sesión del lunes, a la que también acudió una delegación del Consulado General de España en Jerusalén.
“Está bien de ánimo, pero al final siempre se pone triste cuando se despide”, recordaba su esposo, “Está sufriendo porque tiene el brazo un poco mal y, de momento, toma calmantes”, precisó el martes. También destacó que la mediación entre la fiscalía y su abogado “no está concretada y todo es aún posible”. “¡Ojalá que pueda reunirse pronto con nosotros!”, resumía Rishmawi, quien conoció a Juana Ruiz cuando cursaba estudios de Farmacia en España. En siete meses de calvario judicial, la trabajadora humanitaria solo ha podido recibir dos visitas familiares en la cárcel, mantener media docena de encuentros con representantes consulares y efectuar una llamada telefónica.
Quienes la han visitado consideran que encuentra mejor que al principio de su encarcelamiento, cuando se hallaba aislada en una celda. Creen que está “más hecha a la situación”, al compartir la vida en prisión con una treintena de reclusas palestinas detenidas por Israel por los delitos llamados “de seguridad”. Los largos desplazamiento hasta el tribunal de Ofer en horario de madrugada parecen hacer mella, sin embargo, en su resistencia física.
Identificada como Hwani (sic) Rishmawi, por su apellido de casada, en el informe confidencial La financiación extranjera del Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP, calificado como terrorista), a través de la red de organizaciones de la ‘sociedad civil’ elaborado por el Shin Bet (servicio de inteligencia interior), figuran fragmentos de interrogatorios a los que fue sometida Juana Ruiz. El documento reservado fue remitido a diplomáticos europeos para justificar la designación como grupos terroristas de varias ONG palestinas. El mismo 13 de abril de 2021, día de su detención, se registró este interrogatorio:
Pregunta. ¿A qué organización pertenecen los Comités de Trabajo para la Salud (ONG en la que ella trabaja)?
Respuesta. Al FPLP
P. ¿Cómo sabe que ambos están asociados?
R. Porque todos los jefes de los Comités son militantes (cita algunos nombres) y muchos de los empleados también los son. Llevo trabajando allí desde 1993 y es algo que sé muy bien.
Los agentes del Shin Bet recogieron este testimonio inculpatorio en la cárcel de Hasharon (centro de Israel). “Ella no entiende ni el hebreo ni el árabe escritos, y no contó con un intérprete”, replica ahora Elías Rishmawi, “y si firmó algún documento es porque se sentía amenazada. Ayer mismo (por el lunes) se volvió a declarar inocente en el tribunal de Ofer”. Sus allegados insisten en que ella carecía de papel ejecutivo en la ONG sanitaria y en que tampoco tenía acceso al dinero ni a los bancos.
Said Abdedat, uno de los contables despedidos de los Comités en 2019 acusados de apropiación indebida, había señalado a Juana Ruiz en un interrogatorio el 7 de abril, poco antes de detención: “Hwani le dijo a varias ONG españolas que entre el 50% y el 60% de las donaciones que transferían iba destinado a actividades del FPLP, y el resto del dinero, a las actividades legítimas de los Comités”. Las acusaciones presentadas por el Shin Bet contra las ONG palestinas se sostienen casi en exclusiva en las declaraciones de ambos contables.
Implicación diplomática española
En su primer contacto con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se interesó en julio por la situación de la trabajadora humanitaria encarcelada. Albares precisó también en una comparecencia parlamentaria que se iba a implicar personalmente en el asunto, como ya había declarado su predecesora en el cargo, Arancha González Laya.
Israel acusa a Juana Ruiz y a otros miembros de su ONG sanitaria de participar en una red para “introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos”, que fueron desviados hacia el FPLP, “mediante fraude, falsificación y engaño” a los donantes de países europeos.
Avigdor Feldman, letrado de la cooperante española, considera que el proceso “forma parte de una operación de Israel para acusar sin base a asociaciones de la sociedad civil que realizan tareas humanitarias en los territorios palestinos”.
“La investigación del servicio secreto [Shin Bet] es muy insatisfactoria: acusaciones generales, sin pruebas ni declaraciones de testigos”, argumentó Feldman tras la vista celebrada en agosto en Ofer, la primera que se desarrolló en presencia de la cooperante. “Mi cliente debe ser excarcelada; no vemos ninguna razón para que siga entre rejas”, argumentó entonces el letrado.
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